Funcionarios o cesantes

Albacete

A comienzos del año 1986 se estrenó una comedia musical titulasa “mamá quiero ser artista”, interpretada, entre otros, por Concha Velasco. En aquellos años seguramente a lo que la mayor parte de españoles aspirábamos era a ser funcionarios, un puesto de trabajo fijo, relajado, reconocido socialmente y bien remunerado. Tópico o no, conviene recordar que cuando se podía dar por cerrada la Transición el país todavía arrastraba secuelas de una crisis económica que había golpeado con mucha fuerza, con datos casi dramáticos de paro e inflación. No deja de resultar contradictorio que ese anhelo fuera compatible con una mediocre valoración de “lo público”, pero es que apenas habíamos empezado a construir un auténtico estado del bienestar, con educación y sanidad pública gratuita y universal, así como pensiones dignas para todos, incluidos los trabajadores del campo. A pesar de las múltiples ventajas de las políticas sociales de la España democrática, no se ha terminado de valorar en su justa medida lo que supone un Estado capaz de garantizar derechos universales y unas mínimas coberturas que aseguren rentas básicas y estrategias de inclusión e igualdad. Así las cosas, queremos disfrutar de los supuestos privilegios del empleado público, pero, a la par, nos quejamos amargamente de la Administración, de la farragosa burocracia y de esos empleados que son blanco de nuestras iras porque trabajan poco, nos atienden mal y son poco o nada eficaces. Se nos olvida que metemos en el mismo saco a sanitarios, policías, docentes, jueces o administrativos en sus distintos empleos y niveles. Aunque la pandemia nos demostró las múltiples ventajas de contar con muchas de estas profesiones a cargo del erario, el tiempo pasa muy rápido y olvidamos pronto.

No se practica una mínima pedagogía para explicar a los ciudadanos que el Estado es imprescindible y que su gestión corre a cargo de esos funcionarios que nos pagan las pensiones, atienden las demandas de empleo, cobran nuestros impuestos, cotejan y tramitan nuestras demandas de servicios, etcétera. Pesan mucho los prejuicios y las descalificaciones contra los sindicatos de la Administración, con especial ahínco contra los “liberados”, las ausencias en el trabajo por disfrutar de “moscosos” y la supuesta ineptitud de algunos trabajadores que ocupan puestos de difícil catalogación. Es imprescindible, por otra parte, que se produzca una profunda reforma de la función pública que contemple una renovación de las oposiciones y una mejor distribución de los puestos que eviten la deserción de destinos con mayor carga de trabajo. Asimismo, los propios funcionarios tienen que asumir su responsabilidad a la hora de reciclarse y evitar abusos en el catálogo de competencias, es decir, deben estar abiertos a las necesidades del servicio porque al fin y al cabo cumplen una función social y eso significa asumir también obligaciones.

Todo esto viene a cuento de la enésima excentricidad llevada a cabo por el nuevo inquilino de la Casa Blanca y su equipo de plutócratas que han decidió aplicar la motosierra en una Administración como la norteamericana que, si bien se diferencia de la nuestra, guarda muchos paralelismos. En las pocas semanas que llevan en el cargo, con el populista argumento de recortar el abrumador gasto público, se cuentan ya por miles los funcionarios despedidos de la noche a la mañana con los efectos personales y públicos tan perniciosos que eso acarrea. Contemplada la deriva involucionista de tantos gobiernos en diferentes latitudes, creo que conviene advertir del riesgo de contagio para reivindicar, antes de que sea demasiado tarde, la imperiosa necesidad de defender lo que verdaderamente es necesario o, más bien, imprescindible.

La España del siglo XIX, cuando se estaba poniendo en marcha el Estado moderno con una Administración operativa, conoció la figura del cesante, ese funcionario que cesaba en sus funciones con cada cambio de gobierno. Eso aseguraba lealtades políticas y redes clientelares, pero a costa de lastrar la eficacia y transparencia de los servicios. Nuestras administraciones están inmersas en un proceso de claro declive y se ha precarizado la gestión pública. Durante los próximos 10 años van a jubilarse un millón de empleados públicos, algo más del 30% total. Seamos exigentes con lo público, pero a la vez inteligentes y defendamos lo que realmente es de todos y para todos. Lo dice un funcionario que defiende lo público desde la autocrítica.