Algo huele a podrido en las plantas de biometano... a pesar de que no contaminan

Puertollano

Hace unos días les contábamos la paralización de las dos plantas de biometano que se habían proyectado en Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava. Ambos municipios han iniciado la modificación de sus normas urbanísticas para restringir este tipo de instalaciones en sus términos municipales

El primer paso lo dieron desde Carrión: Como ha explicado Dionisio Moreno, alcalde de la localidad, la empresa solicitó el informe de calificación urbanística de una parcela, un documento técnico que no se puede denegar y hacerlo podría conllevar responsabilidades penales. La alarma social comenzó a crecer, que se ratificó tras un encuentro informativo abierto con la empresa y se decidió comenzar el proceso de cambio de la normativa.

El ayuntamiento vecino de Torralba de Calatrava también ha firmado un decreto para paralizar el proyecto de implantación de la planta de biometano de otra empresa. Decisión tomada, dice María Antonia Álvaro, hasta que la junta determine las normas a llevar a cabo y tras las declaraciones del vicepresidente segundo de la junta esta misma semana en la que defendía el derecho de los municipios a rechazar plantas de biometano si generaban rechazo social cambiando las normativas.

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Funcionamiento de las plantas

Hay que poner en contexto que estas plantas de biometano son instalaciones donde llegan residuos orgánicos biodegradables, que en la mayoría de casos provienen del sector agroalimentario y también pueden ser generados por la actividad humana. Con estos residuos se genera un biogás rico en metano y en CO2, que tal y como afirma Javier Mena, coordinador científico de CLAMBER, pueden incluso producir gas natural si estas plantas se encuentran cerca de líneas de gas.

Además, Mena sostiene que el proceso en sí de estas instalaciones no genera malos olores, sino más bien el hecho de transportar los residuos

En cualquiera de los casos, habría que hacer, dice, un estudio y petición de permisos a las administraciones para que evalúen los impactos medioambientales de estas plantas.

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El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, aseguraba que aunque se trata de un tipo de energía limpia y renovable, la implantación de los proyectos dependía de los propios consistorios y del consenso social.

Defendía, por tanto, el derecho de los municipios a rechazar plantas de biometano y recordaba la herramienta para paralizarlas era la modificación de las normas urbanísticas.