El derecho a la vivienda

Albacete

Ya hace mucho tiempo que entre los españoles se instaló la idea de que éramos diferentes al resto del mundo. Aquella campaña que desde el Ministerio de Información y Turismo lanzara Manuel Fraga cosechó un sonoro éxito traducido en miles de turistas que nos empezaron a visitar en manada. Hasta tal punto la campaña cuajó que el sector se acabó convirtiendo en nuestra principal fuente de ingresos, cosa que hoy todavía mantenemos y celebramos. Otra cosa sería el corolario político y cultural de dicho slogan. El ser diferentes también sirvió para justificar que éramos una isla en un mar de democracias, con la excepción de la Portugal de Salazar, y que nuestro carácter peculiar, violento, nos hacía refractarios a las prácticas que los derechos políticos ponían a disposición de los ciudadanos europeos. También es consecuencia de aquello el complejo de inferioridad que nos quedó y que hemos ido superando sólo con el paso de los años.

No, no somos diferentes, pero es indudable que entre los rasgos de nuestra cultura política todavía ocupa un lugar de privilegio el acendrado espíritu patrimonialista que nos inculcó el franquismo en lo referente a la vivienda. La cultura de la vivienda en propiedad es una institución creada en las dos primeras décadas de aquella dictadura. El régimen utilizó la vivienda protegida como elemento central de su propaganda social para encuadrar a los productores en el sindicalismo vertical. Aunque las estadísticas lo ocultan y aquellos políticos intentaron evitarlo, miles y miles de españoles salieron de sus pueblos en la postguerra rumbo a ciudades, sobre todo de la periferia mediterránea, y a la capital para evadirse de la represión y de la miseria. La crisis de la agricultura tradicional, la escasez de trabajo y lo raquítico de los sueldos abocaron a muchos a buscar empleo en localidades que no ofrecían viviendas suficientes ni a su alcance. Así se dio y proliferó el chabolismo, la autoconstrucción.

En una excelente tesis doctoral que tuve la suerte de conocer de primera mano llevada a cabo por José Candela Ochotorena en 2017 se demostró que, ante la incapacidad para dar satisfacción a las necesidades de viviendas, la dictadura reaccionó con la represión y expulsión de los emigrantes que llegaban a las ciudades y la congelación de alquileres. Esto retrajo a los inversores particulares, anclados en la propiedad rentista inmobiliaria, y agravó aún más el problema. José Luis de Arrese, desde la Secretaría de Falange, y José Antonio Girón, desde el Ministerio de Trabajo, impulsaron una serie de leyes de apoyo a la vivienda protegida, con la intención de crear colonias interclasistas de viviendas sociales, disfrutadas en régimen de propiedad. Las actuaciones del INV, que había entregado viviendas protegidas a productores industriales, a pagar en 50 años, revelaron que los trabajadores priorizaban el pago de la vivienda sobre otro gasto familiar; a su vez, el gobierno se mostró muy favorable al interés de los empresarios por el suelo, poniendo desde los años cincuenta grandes cantidades de terreno a su disposición. Aquellos nuevos urbanitas asumieron y transmitieron el mito de la vivienda en propiedad. La conducta de los emigrantes a Europa, que invirtieron sus ahorros en la compra de pisos, lo reforzó.

Una reciente encuesta concluye que ahora la vivienda supone el tercer problema más importante en España, sólo por detrás de “la inflación y el coste de la vida” y de “la situación económica general del país” y preocupa de manera transversal a todos los electorados, algo que no ocurre con uno de los problemas que más ruido genera: la inmigración. Desde hace más de dos décadas el precio de la vivienda se ha disparado y no deja de aumentar. Eso no disuade a una mayoría que prefiere comprar antes que alquilar, cosa que sí se hace en la mayoría de los socios de la UE. Falta suelo, no hay una política eficaz de vivienda social, no se regulan los alquileres y abunda la especulación. Un tercio de los hogares españoles que viven de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Cuatro de cada 10 personas que no poseen una vivienda creen que nunca la podrán comprar. Casi la mitad de los españoles limitarían la propiedad inmobiliaria a solo una o dos casas, aunque un 30,5% cree que no debería haber límites.

Tendríamos que preguntarnos porqué el gasto nacional en protección social en vivienda supone menos de una cuarta parte del que realizan en promedio los países de la Unión Europea. La falta de inversión española se ha traducido en un escaso parque de vivienda social disponible. Mientras que otros países han desarrollado sistemas robustos de vivienda social como una herramienta clave de la política pública, España sigue dependiendo en gran medida del sector privado para cubrir las necesidades habitacionales de la población. Es urgente cambiar el rumbo y dejar de ser diferentes.

Únete al canal de WhatsApp de la SER