Tambores de guerra judicial contra la amnistía

Ayer, 11 de junio de 2024, publicó el Boletín Oficial del Estado la Ley de amnistía. ¡Por fin! Ha sido un auténtico proceso de gestación de 10 meses para dar a luz una medida política que quiere cerrar las heridas provocadas por la respuesta punitiva del Estado contra el desafío independentista catalán. Un desafío en toda regla y que mereció una contundente respuesta mediante la aplicación a Cataluña del art. 155 de la Constitución y la consiguiente anulación del autogobierno, pues durante 6 meses Cataluña se gobernó desde Madrid.

Para muchos -la mayoría parlamentaria legítima- la respuesta de las instituciones del Estado hubiera debido acabar ahí y no adoptar una durísima deriva punitiva que llevó a prisión -durante 4 años- a los líderes del independentismo.

El Tribunal Supremo y las instituciones de la España desafiada actuaron como si de una cruzada se tratase y aplicaron con tanta devoción punitiva las normas a su alcance que las desfiguraron para que, de un modo u otro, a todo trance, dieran con sus huesos en prisión los desafiantes, aunque sus conductas nada loables no encajaran en las previsiones legales.

Ahora asistimos a la 2ª Cruzada: los Fiscales del Tribunal Supremo -que no tienen potestad para informar de nada en este momento-, los vocales okupas del Consejo General del Poder Judicial -que tampoco tenían que informar- y hasta una Asociación que dice actuar en pro de la independencia judicial han preparado el arsenal de instrumentos contra la Ley de amnistía como si esta supusiera el mayor ataque a la democracia, vamos casi como si fuera otro golpe de Estado perpetrado por la maléfica mayoría parlamentaria progresista.

Los argumentos que se esgrimen son de tal pobreza jurídica que casi dan vergüenza ajena: ¿de verdad creéis que con esos argumentos trufados de comentarios pseudo jurídicos conseguiréis que la amnistía no se aplique? Patético.

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La actuación de los independentistas catalanes fue irresponsable, desleal y muy reprochable, pero la España constitucional no merece reflejarse en unos poderes del Estado, singularmente algunos altos representantes del poder judicial capaces de retorcer el Derecho para atacar a una mayoría parlamentaria legítima que no es la que ellos desearían que gobernase y cuyas decisiones se convierten en Ley, en Ley constitucional. ¡Para eso se inventaron las elecciones, señorías!