El jurado popular declara culpable al guardia civil juzgado en Cuenca por hurto y allanamiento
Tras algo más de dos horas de deliberación, le han encontrado culpable y el juicio ha quedado visto para sentencia
Juicio con jurado popular contra un agente de la Guardia Civil acusado de un delito continuado de allanamiento de morada a la vivienda que ocupaba el subdelegado del Gobierno y un delito leve continuado de hurto / José del Olmo (EFE)
Cuenca
El jurado popular ha declarado culpable de los delitos continuados de hurto y allanamiento al guardia civil que ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Cuenca este martes 7 de mayo por unos hechos que el procesado ha reconocido ocurridos entre 2020 y 2021 en la vivienda del entonces subdelegado del Gobierno en la provincia. El juicio ha quedado visto para sentencia.
El acusado formaba parte del cuerpo de guardia de la Subdelegación del Gobierno desde el año 2001 y entre agosto de 2020 y abril de 2021 entró en cuatro ocasiones en el domicilio, usando las llaves de la vivienda del propio subdelegado que la guardia tenía disponibles para emergencias, y se llevó un total de 50 euros.
Culpable por unanimidad
Tras algo más de dos horas de deliberación, el jurado le ha encontrado culpable por unanimidad del delito de hurto, y por siete votos a favor del delito de allanamiento, que la defensa había rechazado porque supone la inhabilitación absoluta por un período de 12 años.
Durante el juicio, el guardia civil ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas a los perjudicados, en especial al cuerpo al que pertenece. Ha afirmado sentirse “avergonzado” por lo ocurrido y ha asegurado que su única motivación fue conseguir dinero.
Según la defensa, el acusado recurrió al robo porque tenía problemas económicos provocados por un negocio familiar, que había montado su mujer y que quebró en la pandemia.
El abogado defensor ha admitido que los hechos fueron un “gravísimo error”, que achaca a esta necesidad económica de la familia del acusado, que según ha dicho estaba “desesperado”. Sin embargo, la Fiscalía recuerda que se trata de una violación de la privacidad de los moradores de una vivienda, lo que supone un allanamiento.
Tras el veredicto de culpabilidad, la Fiscalía ha mantenido su petición de un año de prisión y 12 de inhabilitación para el procesado, aunque ha retirado los 2.000 euros de responsabilidad civil, y la defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia.
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