Alcaldes del PP protestan en Toledo contra el canon del agua: "Es un sablazo"

Toledo

Que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya dejado en suspenso hasta el 2025 el canon del agua al que obliga la Unión Europea y que ya aplican la mayor parte de comunidades autónomas no ha evitada la protesta que el PP había convocado para este jueves a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional. Cerca de 300 alcaldes de toda la región han pedido la supresión del canon. "Confiscatoria", "recaudatoria" o "sablazo" son los adjetivos que los regidores han utilizado para calificar un gravamen obligatorio para todos los países de la Unión Europea y que ya aplican la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha criticado al Ejecutivo de Emiliano García-Page por aprobar este canon sin contar con los ayuntamientos, que serán los encargados de gestionar y recaudar el nuevo gravamen. "Los alcaldes defendemos la autonomía municipal y a los ciudadanos y vecinos a los que se quiere pegar un sablazo con un impuesto que no responde a las circunstancias que Page dice para su creación”. La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha criticado a Page por abandonar "el diálogo y el acuerdo" con el municipalismo y aprobar un impuesto que deberán cobrar los ayuntamientos y que considera "injusto e innecesario".

“Si estamos planteando un nuevo impuesto que sea para mejorar las infraestructuras se podría negociar, pero lo que aprueba Page es un impuesto que va a la caja única de la Junta”, ha denunciado el alcalde de Hellín, Manuel Serena. El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha dudado de la efectividad de la medida y ha instado al Ejecutivo a ayudar a los ayuntamientos a renovar las redes de abastecimiento más antiguas para evitar fugas. De "atropello tributario" ha calificado la tasa ambiental el alcalde de San Clemente, Tomás Martínez, que pide al Gobierno regional recapacitar y buscar "otras fórmulas de entendimiento".

El Gobierno regional ya explicó que la recaudación de este canon, incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales para 2024 aprobada este jueves en las Cortes, se destinará a la mejora de las infraestructuras de depuración, abastecimiento y reutilización en Castilla-La Mancha y que el 25 por ciento de lo percibido se cederá a los ayuntamientos. Habrá bonificaciones del cien por cien para familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas vulnerables y residentes en zonas despobladas, y exenciones en la industria agroalimentaria e infraestructuras deportivas como campos de fútbol o piscinas municipales.

El PP también aprueba subidas

El Ejecutivo establecerá además un sistema de tramos que permitirá que estén exentos de pago los primeros 10.000 litros de consumo que mensualmente realice una vivienda o establecimiento. “El objetivo de este modelo es inducir al ahorro de un bien escaso en esta época de sequía que atravesamos”, subrayaba esta semana la portavoz Esther Padilla. Su aplicación en Castilla-La Mancha, suspendida por segunda vez hasta 2025, viene impuesta por la Directiva Marco del Agua y trasladada a la factura supondrá "poco más de un euro", según Padilla. Con las bonificaciones habrá hogares, aseguraba, que no tendrán que pagar nada.

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David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes regionales, ha asegurado que, además de las familias, la medida perjudicará a la industria y al sector agropecuario mientras, indica, "no hay ninguna solución al problema del agua en Castilla-La Mancha. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que ya hay comunidades gobernadas por el PP que ya están aplicando este gravamen y que ayuntamientos como Toledo, Talavera, Villarrobledo, Puertollano o Daimiel han subido el recibo del agua por decisión de sus alcaldes y equipos de gobierno, muchos de ellos con presencia de Vox.