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Reducir la jornada laboral beneficiará al 92 por ciento de los trabajadores de empresas privadas

Según un estudio de CC.OO., afectará más a mujeres que a hombres

Ángeles Visdómine (EFE)

Toledo

El 92 % de los trabajadores asalariados en la empresa privada de Castilla-La Mancha a jornada completa se beneficiaría de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que recoge el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, según un estudio de CCOO elaborado con los microdatos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre.

Con los trabajadores del sector privado a jornada parcial, el sindicato estima una proporción del 88,7 % personas beneficiadas de esa medida. La reducción de la jornada laboral, señala CCOO, afectaría más intensamente a los hombres asalariados a tiempo completo en el sector privado que a las mujeres en esa situación. Por sectores, la industria y la construcción serían los que agruparían más porcentaje de trabajadores beneficiados, cerca de un 98 %.

Sin embargo, la patronal no comparte la visión sindical de la reducción de jornada. Manuel Madruga, secretario general de la Federación de Empresarios de Toledo, ha acusado al Gobierno de tomar medidas de forma improvisada y de llegar a cualquier acuerdo con tal de mantenerse en el poder.

También la Federación Intersectorial de Autónomos de la región (CEAT Castilla-La Mancha) critica la reducción de la jornada laboral. Considera que es una vuelta de tuerca más que se dará a los autónomos afectando directamente a aquéllos que tienen trabajadores a su cargo y autónomos societarios. Los autónomos piden diálogo y negociación antes de tomar este tipo de medidas. Por esta razón, desde CEAT Castilla-La Mancha lamentan lo inoportuno de la medida anunciada consistente en reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales manteniendo el salario de los empleados, lo cual incidirá sin dudarlo en la productividad y competitividad de los trabajadores por cuenta propia. En cuanto a la forma, en CEAT Castilla-La Mancha ve muy grave que un acuerdo de este tipo pueda imponerse de forma unilateral, sin que en ningún caso se plantee una negociación con los agentes sociales ni se intente explorar la vía del diálogo y la negociación para adoptar medidas consensuadas, más tratándose de una materia tan transversal para las relaciones laborales.

 
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