Tribunales

Las agresiones sexuales a niñas menores de 16 años, principal preocupación de la Fiscalía de Castilla-La Mancha

La Memoria judicial de la Fiscalía del año 2022, de la que hoy se ha dado cuenta en las Cortes, señala que 75 % de los delitos graves son agresiones sexuales contra menores

La Memoria judicial de la Fiscalía de Castilla-La Mancha del año 2022 señala que 75 % de los delitos graves son agresiones sexuales contra menores

La Memoria judicial de la Fiscalía de Castilla-La Mancha del año 2022 señala que 75 % de los delitos graves son agresiones sexuales contra menores

Toledo

Preocupan los delitos contra la libertad sexual. Significativamente aquellos cuyas víctimas son niñas, menores de 16 años. Es lo que arroja la Memoria judicial de la Fiscalía de la comunidad autónoma del pasado año y que hoy ha sido presentada en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar a los grupos políticos con conforman el parlamento autonómico.

De los 124 procedimientos por delitos graves que hubo en Castilla-La Mancha durante el año 2022, el 75 % son de esta naturaleza, son agresiones sexuales contra niñas. Inquietan especialmente porque, lejos de decrecer, son hechos que van en aumento. "Es un problema que nos afecta a todos y no podemos cerrar los ojos con unas cifras que van empeorando año a año", ha expresado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, en la rueda de prensa previa a la Comisión. "Prácticamente uno de cada dos asuntos penales que se ven en las salas, son sobre agresiones sexuales", ha detallado.

Disgustan también a la Fiscalía de la región asuntos como la siniestralidad laboral, ya que Castilla-La Mancha ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional. "No podemos dar como bueno un sistema en el que, en Castilla-La Mancha, en el año 2022, murió un trabajador cada diez días". La solución, según Fernández, pasa "por los medios de la inspección de trabajo, por la coordinación de todos los afectados y, particularmente, por la plena aplicación de la ley de riesgos laborales".

También inquietan los cibercrímenes. La mayoría son estafas, delitos al patrimonio, "que ocurren en portales de compra venta o de alquiler de apartamentos que luego no existen". Otro tipo de cibercrímenes, "los más graves", son aquellos que perpetúan el ataque a los bienes jurídicos personales "especialmente de niños y niñas que son objeto de acoso, de extorsión, de amenazas, y obligados a elaborar material pornográfico".

La Fiscalía propone prohibir los móviles en el colegio para paliar el bullying

Además, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha apuntado al acoso escolar como una de las grandes preocupaciones generales que también se dan en nuestra comunidad autónoma. Los datos reales son, según el fiscal general, mucho más numerosos de los que finalmente salen a la luz en las estadísticas oficiales. "Las entidades administrativas de educación no ponen en marcha los protocolos de acoso mientras no haya denuncia por los interesados y creemos que esto es un error", ha espetado, "no se puede hacer una revictimización del acosado" porque esto acaba en que las soluciones que se acaban dando no son las adecuadas.

Ante este extendido bullying, Fernández propone una solución "paliativa" al acoso que se da en los colegios y es la prohibición de los teléfonos móviles en esas instalaciones. Anima Fernández a que Castilla-La Mancha siga los pasos de otras comunidades autónomas que ya lo han hecho y que siga la recomendación que les hace la Fiscalía. Prohibir los móviles, ha asegurado el fiscal superior castellanomanchego, "trae más beneficios que inconvenientes".

"Una justicia lenta no es justicia"

La Fiscalía también está especialmente alarmada por la respuesta lenta de la justicia y, por consiguiente, la dilación de los procedimientos. Además, según ha apuntado el fiscal general, la suspensión de señalamientos llegó al 52 % de la totalidad de los juicios. Más de la mitad de los 18.000 juicios que se señalaron el pasado año se suspendieron. "Entendemos que esto es inasumible".

La dilación de los procedimientos llega a ser de muchos años en la mayoría de los casos y hace que "el sistema no funcione como debería". "Una justicia lenta no es justicia", según Fernández, que a su vez ha señalado que una resolución judicial fuera de tiempo no es justa "sea cual sea el sentido que tenga".

 
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