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Desmantelada una organización que distribuía tabaco falsificado desde Cenizate (Albacete)

La Guardia Civil descubrió una nave en esta localidad que funcionaba como centro de distribución del tabaco ilegal que era fabricado en tres plantas en Logroño, Valencia y Sevilla y que empleaba a refugiados ucranianos en condiciones de explotación

27 detenidos en una operación contra el tabaco de contrabando en La Rioja, Valencia y Sevilla / Guardia Civil

27 detenidos en una operación contra el tabaco de contrabando en La Rioja, Valencia y Sevilla

Albacete

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a la fabricación ilegal de tabaco explotando para ello a refugiados ucranianos. Se han encontrado tres fábricas en Logroño, Valencia y Sevilla y se han llevado a cabo registros en una veintena de naves y comercios de ocho provincias. En Cenizate, en Albacete, se encontraba el centro desde el que se distribuía a todo el país el tabaco falsificado.

"Durante la investigación se detectó una nave en Cenizate (Albacete) que albergaba el centro de distribución al que llegaban los camiones cargados de tabaco y desde donde se distribuían por toda la geografía española. La nave encontrada en esta localidad era para la llegada, custodia y distribución del tabaco falsificado", ha señalado a la SER Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.

La operación se inició a finales del 2021, cuando se explotó la operación Turkeys, donde se desmanteló una fábrica clandestina de tabaco en el interior de una nave de pollos de la localidad de los Corrales (Sevilla). Fruto de esta intervención, los agentes detectaron otra organización criminal que movía grandes cantidades de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países colindantes.

Con las pesquisas en marcha, los investigadores determinaron que la organización importaba cajetillas en España en contenedores por puertos marítimos nacionales e incluso internacionales sin declarar la mercancía, lo que les permitía eludir el pago de los correspondientes tributos. El principal modo de distribuir en España y resto de Europa el tabaco de contrabando era fabricándolo ellos mismos, para lo que contaban con al menos tres fábricas en Logroño, Valencia y Sevilla.

Las naves estaban ubicadas, concretamente, en las localidades de Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y en Enquera (Valencia). Dichas factorías contaban con maquinaria con avanzada tecnología. Según la Guardia Civil, el valor de estas fábricas estaría en torno a de 3.000.000 de euros y su capacidad de producción podía rondar las 540.000 cajetillas al día.

Durante los registros se intervinieron, además de los 3,5 millones de cajetillas de tabaco listas para su distribución, 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20 millones de euros. Se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que tenía previsto la organización, montar una cuarta fábrica en Osuna (Sevilla), para aumentar aún más la producción y por tanto los beneficios.

Refugiados ucranianos hacinados

Para realizar las distintas tareas de producción en las fábricas, se valían de personas de nacionalidad ucraniana, los cuales se habían trasladado España en situación irregular o bajo protección internacional ante la guerra declarada en su país. Estos ciudadanos vivían en dichas instalaciones, hacinados en módulos prefabricados, y sin salir de las instalaciones para no ser detectados, realizando largas jornadas de trabajo.

En la última etapa de la operación, los investigadores detectaron que la organización estaba diversificando su actividad delictiva, ampliando sus instalaciones en macroplantaciones de marihuana. Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales ha permitido el embargo de siete inmuebles y 25 vehículos, así como el bloqueo de las cuentas bancarias titularizadas por los investigados que llevaban una vida de lujo en fincas de Sevilla y Marbella.

La operación ha sido llevada a cabo por Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla). Los refugiados ucranianos que la organización utilizaba como mano de obra vivían hacinados en módulos prefabricados y no se les permitía salir de las instalaciones para evitar ser detectados, realizando largas jornadas de trabajo.

 
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