"No se nos pasa por la cabeza reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha de forma unilateral"

Castilla-La Mancha cumple este 10 de agosto 40 años como Autonomía. Tal día como hoy, en 1982, nacía esta joven región formada por cinco provincias. Fue el inicio del desarrollo socioeconómico de una comunidad que necesita ahora incorporar nuevos conceptos y blindar los servicios públicos en su norma máxima. "Son los 40 años de mayor prosperidad de esta tierra, que conocemos como Castilla-La Mancha", aseguraba el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. La "mejora de la calidad de vida" de los ciudadanos de la región se ha debido, según el vicepresidente "en buena parte, a la creación de una comunidad autónoma que tuviera sus propios servicios y tomase sus propias decisiones".

"No hay sector económico que no haya progresado en los últimos 40 años", ha dicho en la SER el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro que enumeraba a sectores como la agricultura, el turismo o la industria. Otros nuevos sectores se han incorporado, como el aeronáutico o las energías renovables. Este progreso hace que "vivamos 400.000 castellanomanchegos más que hace 40 años" porque "las condiciones de la comunidad autónoma, han permitido un crecimiento económico importante, con mucho empleo". Insistía el vicepresidente, que eso se debe "gracias a la capacidad de autogobierno y al esfuerzo de la sociedad de Castilla-La Mancha".

Una región cambiante, que no es la misma que hace 40 años y por eso, ya toca ir a más e incluir mayores garantías y derechos. Desde el Gobierno regional creen que no se dan las circunstancias para emprender esa reforma. La intención del ejecutivo de García-Page era haber cerrado esa reforma durante la presente legislatura pero el clima de confrontación político nacional no han hecho el momento propicio.

Guijarro ha rechazado las reformas unilaterales, como la que emprendió Cospedal para modificar el número de diputados de las Cortes. "La modificación o elaboración de un nuevo estatuto tiene que surgir, como mínimo, del mismo consenso que tuvo el actual", y aun teniendo los números para poder hacerlo de forma independiente no se les "pasa por la cabeza" hacerlo de esa manera porque, a su juicio, "deber ser fruto del consenso social y político, con un proceso participativo del conjunto de la sociedad".