ASATO reivindica mejores condiciones para los abogados de oficio de Castilla-La Mancha
Cerca de 800 letrados cobran tarde y cantidades inferiores a compañeros de otras Comunidades Autónomas
Protestas de los abogados del turno de oficio en Toledo / cadena ser
Toledo
La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Toledo (ASATO) se ha manifestado en la plaza de Zocodover para reivindicar la situación que viven los letrados de oficio. Ha reclamado al Ministerio de Justicia y a su titular, Pilar Llop, que se pague de inmediato las cantidades adeudadas a los diferentes Colegios de España para pagar los servicios del turno de oficio.
El Decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, ha explicado que cada vez que hay un cambio en el ministerio "se da un paso para delante y tres para detrás" ya que Castilla-La Mancha, junto a Murcia, Extremadura, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla son las "únicas dependientes" de la cartera de Justicia.
Mientras que un abogado de Bilbao está cobrando cerca de 700 euros por el turno de oficio, en Toledo lo hace por menos de 250 euros. En el día de la justicia gratuita y el turno de oficio, los letrados salen a la calle para pedir mejores condiciones ya que ellos "no han faltado nunca al servicio", comentaba Cervantes. "Pero ya que no nos paguen, que nos paguen esas ínfimas cantidades y ahora ya, lo último, que saquen las lupas y empiecen a controlar si una certificación está bien, está mal, está regular", explicaba sobre las condiciones que les ponen desde el ministerio.
Situación de los abogados de oficio
"Nos deben ahora mismo una parte del mes de marzo a los compañeros, abril, mayo y junio", ha reclamado el Decano. Cerca de 210 letrados de Toledo se encuentran en esta situación de pagos inferiores y tardíos. La situación empeora en Castilla-La Mancha, ya que el número asciende a 900 en el conjunto de la autonomía.
También, desde ASATO, reclaman la adaptación de los baremos del turno de oficio y la revisión de las cuantías con previsión de adecuación de las mismas a las modificaciones del IPC. Que se facilite a la ciudadanía la tramitación de los expedientes de reconocimiento de justicia gratuita, sin exigir documentación para la consulta y manteniendo informado al profesional a quien se haya atribuido su defensa.
Otra de las demandas es la de reducir la burocracia exigida para la justificación de las actuaciones profesionales en orden de cobro efectivo. "A los poderes públicos se les llena la boca hablando de la gratuidad de la justicia para quienes menos tienen", pero gran parte de esa gratuidad la soportan quienes "prestan los servicios del Turno de Oficio todos los días del año", expone Cervantes.
