Castilla-La Mancha se suma a la Declaración de Mérida
La adhesión supone el compromiso del gobierno regional en materia de derechos humanos LGTBI en el mundo
Firma de las consejerías de Bienestar Social e Igualdad y Portavoz con la Fundación Triángulo de adhesión a la Declaración de Mérida / Cadena SER
Ciudad Real
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sumado a la Declaración de Mérida, promovida por la Fundación Triángulo, que recoge el compromiso de las instituciones públicas en materia de derechos humanos LGTBI en el mundo.
Adhesión que firmaban en la sede de la Delegación de la Junta en Ciudad Real, las consejeras de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, y la consejera de Bienestar Social, Barbara García, con los representación de la Fundación Triángulo, Maribel Blanco y José María Núñez. Castilla-La Mancha se suma así a las 37 instituciones de toda España que ya la han suscrito y que ascenderán a 60 cuando finalice este año.
Tras la firma Blanca Fernández subrayaba que la Declaración de Mérida “es un símbolo muy potente de respeto, de libertad, de diversidad y de saber que la sociedad es diversa y nos enriquece saberlo y disfrutar de esa diversidad”. Asimismo, ha explicado que, aunque la firma de esta declaración sea simbólica, obliga a la Administración regional a desarrollar su estrategia de Cooperación al Desarrollo, con perspectiva de género y con proyectos que incidan en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
Blanca Fernández ha denunciado que, tal y como recoge esta declaración, 76 países del mundo consideran ilegales “que nos podamos amar libremente; tienen penadas las relaciones homosexuales y la transexualidad, algunos y no pocos con pena de muerte” y ha recordado que estos 76 estados representan casi el 40 por ciento de los 195 países que reconoce la ONU.
Denunciaba, además, el aumento que han experimentado los delitos de odio en España en un 45 % desde el año 2013, muchos de ellos por la orientación o identidad sexual.
Compromiso con las políticas públicas LGTBI
La consejera de Igualdad y portavoz destacaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley LGTBI con la unanimidad de todos los partidos políticos, entidades LGTBI, colegios profesionales y de la sociedad civil organizada, “es decir, unanimidad y consenso en torno a una ley que no se va a quedar en el cajón y hoy es la muestra”. Y un ejemplo de ello es que, con la firma de hoy y el trabajo iniciado ya por parte de la Consejería de Bienestar Social, se da cumplimiento a uno de los preceptos que recoge el articulado de esta norma que obliga a que la Cooperación al Desarrollo tenga en cuenta a las personas LGTBI.
Además, Blanca Fernández ha explicado que, de manera inmediata, “vamos a seguir cumpliendo con otros preceptos porque estamos empecinados en ser ejemplo en Castilla-La Mancha en un contexto en el que, lamentablemente, el ruido es más protagonista que la política útil, que desde luego existe pero que queda tapada por ese ruido”. Y ha añadido que “al menos en este tema, hemos conseguido aquilatar a nuestra región para que sea un oasis”.
El Colectivo LGTBI+, Actor Clave en la I Estrategia regional de Cooperación
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, subrayaba que en Castilla-La Mancha “no sólo importan los derechos de nuestros ciudadanos LGBTI, sino los de cualquier lugar del mundo” y, con la adhesión a esta declaración, “nos comprometemos a que la perspectiva de género y la lucha por la defensa de los derechos de las personas que componen el colectivo se refleje de forma explícita en la primera Estrategia Regional de Cooperación, en la que estamos trabajando”.
Se trata de una estrategia sobre la que se sustentarán, posteriormente, las distintas convocatorias de subvenciones de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo y en cuya elaboración participará el colectivo LGTBI de forma activa, “como uno de los actores clave”.
“Contactaremos con vosotros y podréis hacernos aportaciones en esta estrategia, como instrumento de planificación y desarrollo de la Cooperación de nuestra región”, subrayaba la consejera, que explicaba que la voluntad del Gobierno regional es que todo el proceso esté concluido antes de que termine el año.
Ponía en valor iniciativas como esta Declaración de Mérida para “visibilizar el compromiso de los gobiernos progresistas con los derechos humanos y contra los discursos de odio que contribuyen a que la discriminación hacia estas personas se perpetúe”, ha concluido.
