ICPOR advierte que la moratoria de macrogranjas en Castilla-La Mancha ralentiza la creación de 400 empleos en cuatro años
La compañía especializada en la integración porcina ha invertido 14.8 millones de euros durante 2021, creando 150 empleos
Tarancon
La moratoria para la instalación de granjas porcinas aprobada en Castilla-La Mancha ha ralentizado la inversión de más de 55 millones de euros adicionales en la región y la generación de otros 400 empleos en cuatro años, como asegura en un comunicado de prensa ICPOR, la compañía especializada en la integración porcina de cerdo blanco e ibérico, que desarrolla su proyecto ganadero "basado en un modelo de crecimiento sostenible y a largo plazo en Castilla-La Mancha y Castilla y León, las dos regiones de España donde mayoritariamente opera la compañía", como se refleja en la nota remitida.
El comunicado recoge que en 2021, "ICPOR ha invertido en el medio rural de ambas regiones 14.839.000 euros. Este esfuerzo inversor se ha traducido en una dinamización de la economía de la zona que ha permitido generar 150 empleos, entre directos e indirectos. En términos de negocio, ICPOR ha cerrado el ejercicio con una facturación de 137 millones de euros, que representa un incremento del 20,1% respecto al año 2020. La compañía ha integrado a 20 nuevos granjeros en el ejercicio".
"De la inversión total realizada, cerca del 70% se ha ejecutado en Castilla-La Mancha y el 30% restante en Castilla-León. Los puestos de trabajo generados siguen una distribución similar: En torno al 74% ha sido en Castilla-La Mancha, concretamente en las provincias de Toledo y Cuenca, y el 26% del empleo generado en Castilla y León corresponde íntegramente a la provincia de Salamanca", asegura ICPOR.
"Más de 110 millones de euros de inversión en una década y otros 55 paralizados por la moratoria aplicada en Castila-La Mancha", lamenta la compañía, que recuerda que "el pasado 19 de enero de 2022, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la Ley 1/2022 de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, que en su artículo 5 modificaba “la disposición final segunda de la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha”, donde establecía “una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024”.
"La entrada en vigor de esta moratoria ha ralentizado -continúa el comunicado de ICPOR-el proyecto ganadero que de manera sostenible y a largo plazo ICPOR está desarrollando en Castilla-La Mancha desde la creación de la compañía hace diez años. Así, la aplicación de esta moratoria impedirá la inversión de más de 55 millones de euros en la región y la generación de unos 400 empleos, entre directos e indirectos, en un plazo de 4 años".
Desde que ICPOR comenzó a operar en Castilla–La Mancha, "la compañía ha invertido 50,5 millones de euros en la región, ha contribuido a dinamizar la economía de la región y la generación de 442 empleos en el medio rural entre directos e indirectos donde se ubican sus instalaciones productivas. En Castilla y León, el esfuerzo inversor se ha situado en 60,5 millones de euros, que se ha traducido en la creación de unos 1.008 empleos", continúa el remitido.
“ICPOR es una compañía creada y comprometida con el medio rural y con su entorno", insiste el comunicado. "Ese es el motor que nos ha permitido llegar hasta aquí. Podemos decir orgullosos que de manera responsable estamos contribuyendo a dinamizar la economía de nuestros pueblos, ofreciendo oportunidades a las nuevas generaciones que quieren seguir desarrollándose personal y profesionalmente en su tierra y en un sector que merece el máximo respeto y toda la atención, como es el ganadero y, más concretamente, el porcino, a pesar de todas las trabas que hayamos podido encontrar en este camino”, afirma Julián Redondo, gerente de ICPOR, en el comunicado.
"En este periodo, ICPOR y sus granjeros han cumplido escrupulosamente con todas las disposiciones en materia medioambiental y de bienestar animal fijadas en la normativa regional, tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León, y de ámbito nacional que regula al sector porcino, e incluso ha reforzado su nivel de autoexigencia para preservar el entorno rural donde se ubican sus granjas", concluye el comunicado de ICPOR.