La Fiscalía da un mes de plazo a Gema Igual para que retire el callejero franquista y la acusa de “rebeldía”

Santander

La Fiscalía de Cantabria exige a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que retire "de inmediato" el callejero franquista de la ciudad. Es la primera vez que la justicia reclama a un ayuntamiento de España que cambie las calles que, todavía, homenajean a generales y otras figuras vinculadas al régimen fascista.

En el escrito de diligencias, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, señala que, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Santander se ha situado de forma "consciente y deliberada en una situación inadmisible de rebeldía" frente al cumplimiento de la ley y le da un mes de plazo para que actúe.

El Ministerio Público sostiene que el Ayuntamiento de Santander no ha ejecutado sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Memoria Democrática.

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En las diligencias informativas incoadas contra el Ayuntamiento, la Fiscalía emplaza a la alcaldesa, Gema Igual, a cumplir los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de 27 de agosto de 2015 y de 31 de mayo de 2016. Y le da un mes de plazo para el cambio "inmediato" de los nombres de las calles señaladas y a la retirada de elementos conmemorativos.

De no darse cumplimiento a lo solicitado, dice en el escrito, "se ejercitarán las acciones judiciales oportunas". Es decir, la Fiscalía, de oficio, presentará recurso contencioso-administrativo y dará traslado a la Dirección General competente, en materia de Memoria Democrática, para que inicie el procedimiento sancionador oportuno por una infracción grave de la ley.

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Exposición de motivos

El escrito que el Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, ha registrado este lunes sostiene que "ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura fascista, a través de nomenclaturas en las vías públicas del municipio de Santander, constituye un acto de normalización de una realidad criminal, que oculta la historia de los que sufrieron la represión y niega el derecho a la reparación de las víctimas".

Es la primera vez que la Fiscalía incoa expediente administrativo a un ayuntamiento de España por negarse a cambiar el nombre a calles franquistas.

10 años sin hacer nada

Han pasado diez años desde que el pleno de Santander aprobara el cambio de 18 calles y, hasta la fecha, ningún responsable político, tampoco la actual alcaldesa, Gema Igual, ha tenido un mínimo gesto en ese sentido.

Santander lleva años incumpliendo la legislación debido a las reticencias del Partido Popular.

De hecho, el pleno del Ayuntamiento de Santander celebrado el 27 de agosto de 2015 acordó -tal y como recoge el escrito de la Fiscalía- adoptar "de inmediato" las medidas "oportunas" para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal y colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura contenidas en el callejero santanderino, procediendo al cambio de denominación de las calles y/o topónimos afectados. Dicho acuerdo fue aprobado por mayoría.

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En concreto, se consideró de obligatoria retirada del nomeclator municipal de Santander, las denominaciones de:

1. Alcázar de Toledo;
2. Alto de los Leones;
3. Alféreces provisionales;
4. Belchite;
5. Brunete;
6. Camilo Alonso Vega;
7. Capitán Cortés;
8. Carlos Haya;
9. Columna Sagardia;
10. División azul;
11. García Morato;
12. General Díez de Villegas;
13. General Dávila;
14. General Moscardó;
15. Montejurra;
16. Ruiz de Alda;
17. Sargentos Provisionales; y
18. Zancajo Osorio.

Sin embargo, el equipo de Gobierno del Partido Popular sigue valiéndose de su mayoría absoluta para retrasar esos cambios todo lo posible. Pero, esta vez, es la Fiscalía la que le da ese tirón de orejas al Ayuntamiento y un plazo determinado para dar respuesta a lo acordado en pleno hace ya una década.

Recuerda el fiscal en su escrito que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo".

Y reconoce "el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura".

Recoge, además, que "el cumplimiento de cualquier ley y, en particular, la ley que nos ocupa, no es una opción que atribuya a los particulares o poderes públicos una facultad discrecional de ejecución en función de sus apetencias, ideología, creencia u oportunidad política".

Asociaciones memorialistas

El escrito que ha registrado la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria responde así al trabajo que durante todos estos años han desarrollado las asociaciones memorialistas en la comunidad.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria Desmemoriados y ciudadanos a título individual han registrado sendas denuncias contra el Ayuntamiento ante la Fiscalía.

Sin embargo, hasta ahora, ninguna había prosperado, ya que habían sido archivadas.

El día 13 de febrero de 2025, Dª María Soledad González Lanza, en representación de la asociación de memoria, Archivo de Guerra y Exilio (A.G.E.); D. Javier Merino Pacheco, en representación de la asociación de memoria Desmemoriados, asociación para la recuperación de la memoria colectiva; D. Antonio Ontañón Toca, en representación de la asociación de memoria Héroes de la República; y D. José Luis Pajares Diego, en representación de la asociación Memoria de Laredo, presentaron ante la Fiscalía una petición solicitando la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria para que realice las gestiones oportunas a fin de obligar al Ayuntamiento de Santander a que cumpla la legislación y retire del nomenclátor toda denominación que mencione exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión franquista.

El PP retrasa cumplir la ley

Mientras, el PP en Santander, donde ha gobernado desde que llegó la democracia, ha retrasado todo lo posible esos cambios, amparándose en argumentos como el que ha dado siempre alcaldesa, Gema Igual, quien asegura que los cambios del callejero deben hacerse “de manera progresiva y, además, muy hablado con los vecinos”, para no generar un “trastorno”.

Hasta ahora, el Partido Popular ha logrado esquivar las reclamaciones y demandas judiciales que pedían, simple y llanamente, que se ajustara a la ley.

Esta vez, sin embargo, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática va un paso más allá y emplaza a la alcaldesa, Gema Igual, a hacerlo "de inmediato" si no quiere acabar en los tribunales, atendiendo así a lo solicitado por varias asociaciones que se lo ha pedido formalmente.

Últimos movimientos

Los últimos movimientos producidos en Santander datan de noviembre de 2015. Aquel año, el Pleno de la Corporación acordó por unanimidad adoptar las medidas oportunas para eliminar las menciones, nombres o símbolos que se debían retirar o cambiar y encomendó la tarea al Consejo Municipal de Cultura.

Dos años después, en 2017 quedó reformado el Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales de la ciudad pero desde entonces nadie -corresponde a Alcaldía- ha hecho nada para aplicarlo.

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En concreto, el artículo 24 del reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales indica que se deberán conservar o recuperar las denominaciones antiguas u originales; establecer como prioritarios los nombres femeninos, con el objetivo de tender un equilibrio en cuanto a presencia de hombres y mujeres en el nomenclátor.

“No se concederán denominaciones que contravengan la legalidad vigente ni a personas físicas no fallecidas y, en el caso de nombres de personas, deberán corresponder a figuras de relevancia, pudiendo la Comisión de Cultura pedir informes que avalen su excelencia”, suscribe el texto. En este contexto, la Fiscalía considera que existen indicios suficientes para abrir diligencias.