Cantabria recurrirá el decreto de reparto de menores migrantes
Según Buruaga, la comunidad necesitaría una financiación de 10 millones de euros para poder recibir a esos 170 menores, que superarían cinco veces la capacidad de acogida de la comunidad, ha afirmado
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompañada de los consejeros, asiste a la sesión plenaria.
Santander
El Gobierno de Cantabria recurrirá el decreto que establece los criterios de reparto de menores migrantes, que, según su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, pone en peligro el sistema de protección de la comunidad autónoma.
"Cantabria va a recurrir sí o sí", ha subrayado este miércoles Buruaga, quien ha afirmado que la comunidad es "seria y responsable" y va a cumplir la ley, pero se va defender de lo que ha calificado de "atropello", con todos los medios que el estado derecho pone a su disposición y "en todas las instancias posibles".
Buruaga ha explicado, a preguntas de los periodistas tras su visita a una fabrica de alimentación, que los servicios jurídicos de Cantabria están estudiando ya el texto para "analizar el ejercicio de acciones judiciales frente al real decreto y probablemente también el acto administrativo que constituye el reparto de los menores".
"No se puede pretender quitarse un problema de en medio descargando la responsabilidad en las comunidades sin poner los recursos y la financiación necesaria", ha criticado.
Cantabria cuenta con 212 plazas en su sistema de protección de menores, de las que 36 están asignadas a menores extranjeros. Y de esas plazas están ocupadas 22.
Las plazas se asignarán en función de los criterios que establece el decreto entre las comunidades, que serán convocadas en abril una vez que las autonomías remitan los datos de ocupación y el Ministerio de Infancia y Juventud calcule el reparto.
La presidenta del Gobierno regional ha señalado, no obstante, que las cifras que se han publicado en algunos medios tras el acuerdo entre el Ejecutivo regional y Junts indican que a Cantabria le correspondería recibir a 170 menores, a los que no podría acoger, ha dicho, "en condiciones dignas".
Según Buruaga, la comunidad necesitaría una financiación de 10 millones de euros para poder recibir a esos 170 menores, que superarían cinco veces la capacidad de acogida de la comunidad, ha afirmado.
