La totalidad de la plantilla de Global Steel Wire continuará afectada por un ERTE hasta febrero de 2025
La factoría de Cantabria parará la actividad a finales de cada mes en función de los pedidos
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Santander
La empresa Global Steel Wire (GSW) ha prorrogado hasta febrero de 2025 el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que venía aplicando para poder hacer parones puntuales cuando la cartera de clientes no llega a cubrir la producción del mes.
Según ha explicado el presidente del comité de empresa, Javier Cifrián en la Cadena SER, el ERTE finalizó en septiembre y ahora se ha firmado una prórroga por los mismos motivos. "Por el precio de la chatarra y la luz lo que antes daba dinero ahora no", ha señalado.
El ERTE se ha estado aplicando casi todos los fines de mes desde principios de 2022, parando la producción más o menos días dependiendo de la cartera de clientes.
Es una herramienta que "permite mandar a la plantilla a casa en ciertos momentos", ha señalado Cifrián, que no ve mejores perspectivas para los próximos meses porque "el mercado no se mueve".
El expediente de regulación afecta principalmente a producción, donde trabajan unas 350 personas, mientras que otras secciones como ventas y compras se quedan fuera del ERTE. "Si se tuvieran que marchar a casa, la cosa estaría realmente mal. Hay parte de la empresa que afortunadamente sigue viva", apunta el presidente del comité.
Los juzgados aprobaron el plan de reestructuración de la empresa siderúrgica Celsa presentado por sus acreedores, permitiéndoles tomar el control del mayor grupo industrial privado de España. Accionistas y acreedores se habían enfrentado por la valoración de la empresa en el marco de una larga disputa por la reestructuración de la deuda, según dijeron en julio los representantes legales de ambos bandos.
En la resolución, el magistrado acordó su homologación al entender que reunía todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda era muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo Celsa.
El plan, que según el TSJC ya está homologado, prevé la capitalización de una parte importante de la deuda, de manera que los fondos de inversión de los acreedores pasen a ser accionistas.
Esta sentencia reconocía los acreedores la facultad de implementar el plan y lo consideraba a única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa. Aún así, les advertía de que debían de cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y sin alterar los centros estratégicos de decisión.
Desde el comité de empresa, reconocen estar expectantes ante lo que pueda ocurrir en los próximos meses, dado que por el momento no han mantenido ningún contacto con los Fondos que se han hecho con el Grupo.
Cifrián recuerda que lo que reclama la plantilla es la entrada de ese nuevo accionista de perfil industrial del país, la continuidad de los empleos y las condiciones laborales en Celsa, así como que se hagan efectivas las inversiones previstas de la mano de ese futuro nuevo socio industrial.
Quieren que se asegure la continuidad del proyecto industrial y se mantenga la sede social y fiscal en España.
