El debate de las basuras regresa al pleno de Santander

Santander

El pleno de Santander discutirá este jueves sobre el contrato de basuras de nuevo, en una debate en el que el Ayuntamiento dará un paso para no tener comisiones de investigación.

El PP propondrá que el pleno se allane en el recurso interpuesto contra el acuerdo del pleno del 23 de diciembre de 2021, en el que la oposición (PSOE, PRC, UxS y Vox) y el ex socio de gobierno (Cs) de los populares cambiaron el reglamento para introducir las comisiones de investigación.

La oposición actual considera este trámite una "maniobra" para que el litigio judicial caiga a favor de los populares y no se pueda investigar el anterior contrato de basuras, que el Consistorio resolvió por "incumplimientos".

Se prevé un pleno largo, con ocho mociones y dos declaraciones institucionales en el que la oposición de Santander hará varias peticiones en bloque al equipo de gobierno del PP.

Y se aprobarán varios expedientes extrajudiciales de créditos, entre los que destaca la partida de 1,4 millones de euros para acometer las reformas del estadio de El Sardinero, donde el Racing de Santander juega la Liga Hypermotion.

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PSOE, Vox, PRC y IU-Podemos, pedirán que se revisen los criterios para la deducción de las facturas de la anterior concesionaria del servicio de parques y jardines, después de conocer la sentencia que obliga al Consistorio a devolver a la empresa concesionaria 2,2 millones por una serie de deducciones.

Toda la oposición pedirá al equipo de Gobierno que construya un nuevo vial en Peñacastillo, aunque el PP ha anunciado este miércoles que ya se ha encargado la redacción del proyecto.

Durante el pleno de septiembre también se aprobará el III Plan de la infancia y la adolescencia y como consecuencia, la renovación del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef.

El debate nacional de la amnistía también estará presente en la capital de Cantabria, donde se discutirán dos mociones: una presentada por el PP para rechazar aplicar esta figura jurídica a políticos catalanes y otra por el PSOE, que pide que se "siga mejorando" la convivencia entre Cataluña y el resto de España.

Además de estas mociones, el PSOE pedirá que se exija al Gobierno de Cantabria "la reapertura urgente del Consultorio de Cueto".

Vox propondrá, a raíz de las últimas inundaciones que se vivieron en la ciudad, que se realice un estudio sobre el sistema de drenaje de la ciudad, principalmente en las zonas más afectadas por las lluvias.

Por su parte, el PRC pedirá al equipo de gobierno que habilite un espacio destinado en exclusiva al estudio y que esté abierto las 24 horas del día.

Habrá dos declaraciones institucionales de apoyo a las víctimas del terremoto de Marruecos y las inundaciones de Libia.

El pleno de septiembre será el primero para Concepción González, quien ya fue concejal en la pasada legislatura y que tomará posesión en el grupo socialista después de la renuncia de Diego Sarabia por motivos profesionales.

Y se nombrará a Ana Isabel Palencia como consejera del Consejo de Administración del Servicio Municipal de Transportes Urbanos tras cesar a Víctor Gil Elizalde, nuevo director general de Urbanismo.

Parques y jardines

El Pleno de Santander debatirá este jueves la moción conjunta suscrita por los grupos PSOE, PRC e IU-Podemos para la revisión de los criterios jurídicos y económicos en el servicio de Parques y Jardines tras la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a la empresa 2,3 millones de euros y otros 600.000 en intereses, con un perjuicio total de 5 millones y otros 2 en intereses.

Con esta iniciativa, los grupos pretende "detener la bola de intereses" para evitar así un mayor daño a las arcas municipales, han explicado este miércoles en un comunicado.

En la iniciativa también exigen a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "determine y depure" todas las responsabilidades políticas por el perjuicio al erario público, que elevan a 5 millones en retenciones improcedentes y otros dos millones de euros en intereses.

Además, la moción insta a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir la sentencia y evitar nuevos costes en intereses de demora, así como a restituir la situación en el Servicio de Parques y Jardines y asegurar una normalización de los contratos de servicios públicos esenciales "incidiendo especialmente en una correcta fiscalización de los mismos durante la vigencia de los contratos".

En su exposición de motivos, los grupos desgranan la reciente sentencia judicial y consideran que existe una responsabilidad política por "un impulso extemporáneo de la fiscalización del contrato que fue para cubrir las propias carencias en el control de un gran contrato público" y "a través de un procedimiento distinto al recomendado por la Intervención General y por los propios pliegos del contrato".

Asimismo, por la contratación de "un informe por contrato menor que, a pesar de concluir la improcedencia de los descuentos, no sirvió para corregir la dinámica de retenciones indebidas y simplemente fue incorporado al expediente administrativo enviado al Juzgado para contradecir finalmente al informe de Intervención que guió las decisiones políticas".

Una actuación, agregan, que culminó con los acuerdos en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el 16 de agosto y el 6 de septiembre de 2021, declarados nulos por la justicia.

En el mismo sentido, consideran que el fallo acredita "el irregular procedimiento de penalización a la empresa, impulsado desde la Dirección General de Medio Ambiente", y con una "intencionalidad de salvaguardar la ausencia de fiscalización durante la vigencia del contrato", así como un Plan de Acción que se apartó de las recomendaciones del informe de Intervención y del propio pliego.

De forma añadida, socialistas, regionalistas e IU-Podemos alertan de que los descuentos se siguen produciendo desde mayo de 2021 hasta ahora, incluso tras la entrada en vigor del nuevo contrato, por lo que las deducciones improcedentes acumuladas ascenderán a más de 5 millones de euros y los intereses de demora superarán los dos millones de euros, según sus cálculos.

"Visto el contenido de esta sentencia, los grupos firmantes consideramos que no es opinable que el fallo acarrea un perjuicio para las arcas públicas municipales, por un irregular y negligente Expediente Administrativo impulsado desde la dirección política municipal", que desembocó en la citada condena.

En consecuencia, "en defensa de los intereses municipales y para que no sean los santanderinos quienes tengan que hacer frente con sus impuestos al grave perjuicio económico", la moción subraya "la necesidad de determinar la responsabilidad de esta negligente gestión".

La moción añade que el Partido Popular ha ostentado la Alcaldía y la mayoría de la Junta de Gobierno Local en todo el periodo afectado, tiempo en el que "hizo caso omiso a todas las advertencias previas, tanto del ingeniero técnico municipal de Parques y Jardines como de los portavoces, en los plenos celebrados desde el año 2021 en los que se aprobaron las facturas.

Del mismo modo, señalan "la responsabilidad del PP en que se haya prolongado durante prácticamente cinco años la prestación en precario del servicio como consecuencia del desistimiento en 2020 de la adjudicación que habría correspondido a la nefasta licitación del año 2019".

"Y hubo avisos, de nuevo, tanto del comité de empresa del servicio de Parques y Jardines como de los partidos políticos sobre la insuficiencia de la oferta ganadora para cubrir los salarios de la plantilla", han recordado.