Suspenden el juicio por un delito sexual contra una menor, al no presentarse el acusado
La Audiencia de Cantabria tenía señalado para hoy la vista oral, que no se ha celebrado por incomparecencia del acusado
Juzgados Audiencia Provincial de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo
santander
El juicio a un acusado de cometer un delito contra la libertad sexual de una menor, de 17 años, con la que había contactado a través de Instagram, se ha suspendido al no presentarse a la vista este hombre, por lo que se ha ordenado su búsqueda y captura para que comparezca ante la Justicia.
La Audiencia de Cantabria tenía señalado para hoy la vista oral, que no se ha celebrado por incomparecencia del acusado.
Al no presentarse esta persona, las partes acusadoras y la defensa han pedido la suspensión. Las acusaciones han reclamado también su búsqueda y captura y, en el caso del Gobierno regional, que ejerce la acusación particular, con vistas a su ingreso en prisión, porque "hay riesgo de fuga, no hay arraigo y se ha producido reiteración delictiva".El tribunal ha decidido pedir la búsqueda y detención del hombre para que se celebre el juicio.
Los hechos que se imputan
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado y la menor entraron en contacto porque intercambiaron conversaciones y en un momento dado quedaron para conocerse.
El acusado la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica “pidió al acusado que parara repetidamente, dado que le hacía daño”. La menor, que estaba tutelada por la Administración, "presentaba una situación de vulnerabilidad", según explica el escrito presentado por el Gobierno de Cantabria.
Así, “su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta”, añade. Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria que el acusado “ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la Administración, por agresiones de la misma naturaleza”.
Y concluye que “el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare”. Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, además de diez años de inhabilitación para trabajar con menores.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, “no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable”, sino también “por sus súplicas para intentar parar la agresión”.
Además, considera la acusación particular que “concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica”.
Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la Administración asciende a trece años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores.
En concepto de responsabilidad civil, el Gobierno regional reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.
