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Ocho detenidos tras los registros en Cantabria por presuntas irregularidades en contratos públicos de carreteras

La UDEF y la Agencia Tributaria han registrado este miércoles la sede de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, además de varias empresas del sector y domicilios particulares

Un vehículo policial estacionado a las puertas de la sede de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Cantabria.

Un vehículo policial estacionado a las puertas de la sede de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Cantabria.

Santander

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están registrando la sede de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria por orden de un juzgado de Santander que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas en el Servicio de Carreteras Autonómicas, en concreto, en la conservación y el mantenimiento de vías. Una investigación que, hasta el momento, se salda con 6 personas detenidas en Cantabria más otras dos en Madrid. Estos últimos han sido ya puestos en libertad, según fuentes policiales.

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Según han confirmado a la Cadena SER la Agencia Tributaria, el registro que se ha llevado a cabo en la sede de la Consejería se produce tras una investigación desarrollada por el propio organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

El registro en las dependencias de Obras Públicas ha comenzado a las 7:30 de este miércoles en una de las plantas del edificio que se encuentra en la calle Alta de Santander y el juzgado que lo ha ordenado ha decretado el secreto de sumario.

La investigación se centra en varios despachos del Servicio de Carreteras y en el punto de mira está al menos un alto funcionario de este departamento, en concreto, el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas. Un alto funcionario considerado como la cabeza visible de una presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de contratos para el mantenimiento y la conservación de vías en la comunidad.

El resto de detenidos son la esposa del jefe de Servicio, dos hijos y cuatro personas vinculadas a las empresas que están siendo investigadas.

Las fuentes consultadas han explicado a la SER que la Agencia Tributaria investiga desde hace un año presuntas irregularidades en varios contratos, es decir, en adjudicaciones públicas de trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras realizadas desde la consejería.

Un policía nacional accede a la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabra este miércoles.

Un policía nacional accede a la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabra este miércoles. / Pedro Puente Hoyos

Un policía nacional accede a la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabra este miércoles.

Un policía nacional accede a la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabra este miércoles. / Pedro Puente Hoyos

Más registros

De forma previa a la entrada realizada en el edificio gubernamental, la Policía y la Agencia Tributaria han efectuado de madrugada registros en varias empresas del sector y en domicilios. Registros en los que han encontrado diversa documentación sobre las irregularidades que están siendo investigadas.

En la casa del jefe de Servicio la Policía ha localizado una cantidad muy elevada de dinero, que algunas fuentes sitúan cerca del medio millón de euros.

Conmoción en la Consejería de Obras Públicas ante la detención de un trabajador público de larga trayectoria, un funcionario "muy competente", pero que, según las fuentes policiales consultadas, podría llevar "más de 10 años" realizando este tipo de prácticas corruptas.

Según diversas fuentes, son varias las empresas cántabras implicadas que han sido registradas a lo largo de la mañana de este miércoles, entre ellas Rucecan, Api Movilidad y La Encina.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander encargada del caso ha decretado el secreto del sumario, que se levantará previsiblemente el próximo viernes, fecha en la que tomará declaración a los detenidos.

 
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