"Quizá no hay que hacer vacaciones fiscales", el dardo del Ministerio de Juventud tras las quejas de Ayuso por el reparto de niños migrantes

Santa Cruz de Tenerife

La Región de Murcia ha anunciado el primer recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley que va a permitir modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y reubicar a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en territorios tensionados como Canarias. El portavoz del ejecutivo, Marcos Ortuño, ha calificado de "injusto, sectario e indigno" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts y ha explicado que sus recursos de acogida ya están saturados y que el territorio también sufre la presión migratoria a través de sus costas. Según los criterios para la distribución, Murcia debería acoger a 189 niños y adolescentes.

También el Gobierno de Aragón ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y ha avanzado que recurrirá "todos los actos administrativos" que deriven de su aplicación, aunque ha aclarado que no serán "insumisos".

En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha reaccionado a la decisión de las comunidades gobernadas por el PP. Rubén Pérez Correa ha lamentado que "hasta hace poco" el Partido Popular "coincidía con la necesidad de hacer un reparto de menores llegados a Canarias y Ceuta durante el año 2022 y 2023" y que así lo había expresado en la Conferencia Sectorial. "Tenemos claro que responde a una decisión de comprar el marco político de partidos de la extrema derecha como Vox", ha asegurado el dirigente. No entiende que, en un país de 47 millones de habitantes, la distribución de 4.400 menores "genere esa tensión, incluso esa violencia verbal que se está utilizando".

La saturación de los recursos, un discurso "falsario"

Correa reconoce el derecho de las comunidad autónomas a denunciar ante el Constitucional el Real Decreto, pero pide a las regiones "una lectura humanitaria" y colaboración entre las administraciones públicas. Asimismo, sobre la queja de Murcia y la saturación del sistema de protección para los menores que han denunciado sus dirigentes, el secretario ha revelado que, en algunas comunidades, cuando han hecho los cálculos sobre el esfuerzo económico que estaban realizando, "estábamos hablando del cero coma algo por ciento del presupuesto autonómico". Por tanto, considera un "discurso falsario" hablar de saturación cuando ha habido momentos de mayor ocupación del sistema de protección.

En este sentido, el Ministerio de Juventud e Infancia pide a las comunidades reforzar sus presupuestos en materia de protección de los menores. "A lo mejor lo que tenemos que hacer es no realizar vacaciones fiscales", ha dicho Correa en alusión a Madrid, donde cifra en 1.000 millones de euros lo que ha dejado de recaudar el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con la retirada y modificación de determinados impuestos. "Por supuesto que hay recursos", ha aseverado. El Gobierno de España destinará a la reubicación de los menores este año una partida de 100 millones de euros.

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La votación en el Congreso, en abril

La votación del Real Decreto en el Congreso tendrá lugar, previsiblemente, durante la primera quincena del mes de abril. La derivación de los menores no comenzará hasta que el texto no sea derogado por petición de la Abogacía del Estado. Además, las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para facilitar al Gobierno central los datos de los niños y adolescentes que ya acogen y, así, poder ultimar los flecos sobre la reubicación. La norma da un plazo de un año para que sean trasladados los menores que ya se encuentran en los territorios tensionados. Sin embargo, los que lleguen a partir de ahora podrán ser derivados en un plazo de 15 días.

"No tenemos dudas de que es posible sacar a 4.000 menores en un año en Canarias". Es el compromiso que ha explicitado el secretario de Estado recordando que tras la invasión de Ucrania las comunidades y el ejecutivo fueron capaces de acoger a miles de ciudadanos: "Quisiera recordar lo que pasa con los menores en Mali, lo que pasa esta gente cruzando el Sahel y llegando, muchas veces, en condiciones migratorias terribles. Por supuesto que las condiciones son iguales o peores que las de la ciudadanía que llegaba de una guerra, de una invasión, como la de Ucrania".

El desamparo de los jóvenes al cumplir 18 años

Una de las cuestiones que más preocupación suscita en Canarias es el desamparo en el que acaban los jóvenes migrantes no acompañados al cumplir los 18 años. Muchos de ellos se ven abocados a una situación de calle de un día para otro, al salir del circuito de los centros de acogida para menores. Así lo denuncian diversas entidades sociales como Cáritas. Al respecto, Correa llama a abrir un nuevo debate en la sociedad española ante la acuciante falta de mano de obra en España: "Tendríamos que estar ya hablando de cómo estos chavales pueden tener una vida aquí". Además, apunta que uno de cada cuatro jóvenes es migrante o procede de una familia migrante: "El futuro de este país son estos chavales que están en centros masificados en Canarias y Ceuta".