Sobre el real decreto de menores emigrantes

El acuerdo para el reparto de los menores inmigrantes es un avance importante, aunque tardío. La solidaridad interterritorial se declama mucho, pero se practica poco. La responsabilidad de acoger a miles de niños y adolescentes que llegan a nuestras costas se le ha endosado al archipiélago, mientras el Estado miraba hacia otro lado y el resto de las comunidades alegaban falta de medios para justificar su inacción. El acuerdo debería haberse cerrado hace tiempo: un año atrás, Clavijo planteó la necesidad de un mecanismo de reparto obligatorio para no dejar a Canarias sola en la gestión de los menores. Entonces, el Gobierno central respondió que no era posible. Ahora sí lo ha sido. ¿Qué ha cambiado? La presión ha sido la misma, la necesidad era evidente. Sin el esfuerzo, el tesón y el desgaste personal de Clavijo, este asunto seguiría en un cajón de Moncloa, con Torres entregado a justificar el bloqueo. Entre el PP, atrapado por Vox en las autonomías, y las maniobras de desgaste de un PSOE que durante meses ha jugado al doble discurso, Clavijo ha logrado mantener el rumbo.

La actuación humanitaria y responsable del archipiélago ha desnudado las incoherencias de los patriotas que han elegido abandonar a su suerte a un territorio desbordado por la emergencia migratoria. La paradoja es evidente: el PP gobierna en Canarias junto a Clavijo, pero se ha opuesto a la solución que Canarias necesita. Es verdad que Manuel Domínguez, pepero y vicepresidente del Gobierno, ha rechazado la presión de su dirección, pero el PP mantiene una actitud que roza lo esperpéntico: no acepta el reparto obligatorio, pero dice que “cumplirá la ley”; no cuestiona la capacidad legislativa del Gobierno, pero critica el partidismodel acuerdo; habla de incapacidad, pero no aporta soluciones ni muestra voluntad de colaborar. Díaz Ayuso ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante los tribunales y la UE, mientras el valenciano Mazón, se niega a recibir migrantes tras su acuerdo presupuestario con Vox. A ver como lo hacen. Porque esto ya es ley: probablemente sea convalidada en el Congreso. Clavijo ha sido claro: “Si algún territorio quiere recurrir la ley, que lo haga, pero mientras tanto, tiene que cumplir”. Pues eso: a cumplir la ley.