“Pedimos una normativa que podamos cumplir”: es la petición del sector del alquiler vacacional un día antes del debate de la ley
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional asegura que la ley que ha presentado el ejecutivo canario no tiene en cuenta la peticiones del sector ni de los ayuntamientos
Doris Borrego en un Encuentro SER. Créditos fotografía: SUAR Fotografía
Santa Cruz de Tenerife
"Vivienda vacacional: ¿solución o problema?". Esta es la reflexión que planteó el nuevo Encuentro SER organizado por Radio Club Tenerife con la intervención de los principales protagonistas del sector y los ayuntamientos que buscan llegar a un entendimiento con el Gobierno de Canarias que hasta ahora no ha sucedido. Desde el sector defienden la democratización del sector del turismo que aseguran que hasta ahora solo han estados en manos de los grandes tenedores.
Doris Borrego ha defendido la idea de que la vivienda vacacional es la solución para que los beneficios del turismo reviertan en las familias canarias. "El 36% de las camas turísticas en Canarias pertenecen a este sector", ha explicado la presidenta de ASCAV. A todo esto, Javier Valentín, el vicepresidente de la asociación ha recordado que ellos mismo en su momento solicitaron una moratoria, algo que no es habitual en ningún sector.
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"Acaparamos el 36% de las camas": Doris Borrego, presidenta de ASCAV
Si vamos a los datos, tras un informe exhaustivo por parte del Colegio de Economistas de Las Palmas, queda en evidencia que, según Rosa Rodríguez su coordinadora, la motivación de una ley de vivienda vacacional no puede ser la falta de viviendas residenciales porque existe un gran número de viviendas vacías o en stock, sin vender.
Mayor seguridad jurídica
"Unidad de acción y criterios" es lo que pide la Federación Canaria de Municipios al mismo tiempo que aseguran que la nueva norma exigen a todos los municipios lo mismo sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno. "No son los mismo las islas verdes, que el resto", explica la presidenta Mari Brito mientras hace alusión a la super población que existe en algunas islas y que por tanto admite que necesitan cierta regulación. Dentro de esa regulación específica para cada población, debe haber un mínimo de criterios dice Brito. A todo esto, la presidenta asegura que el Gobierno ha acusado a los municipios de no ejercer su legislación pero Mari Brito pone el foco en la inseguridad jurídica que tienen los consistorios.
