"La semana pasada aprobamos el presupuesto y comimos churros": la alcaldesa de Granadilla confía en revertir la moción de censura

Santa Cruz de Tenerife

Finalmente, las dudas se disiparon y el concejal Marcos Antonio Rodríguez (Partido Popular) acató las instrucciones de su formación y registró junto a Coalición Canaria y Vox la moción de censura que, salvo sorpresas, desbancará de la Alcaldía de Granadilla de Abona a la socialista Jennifer Miranda. Rodríguez, a diferencia de su compañera de filas Bianca Cerbán, ha decidido romper el pacto hasta ahora vigente en el municipio (PSOE-PP) y facilitar el mecanismo que devolvería el bastón de mando al nacionalista José Domingo Regalado.

La moción ha supuesto una total sorpresa a Miranda, que en declaraciones a Radio Club Tenerife ha explicado que "no lo veía venir" y que no existen razones objetivas para un cambio en el equipo de gobierno municipal. "La semana pasada aprobamos el presupuesto para este año, votamos todos a favor, incluso los cinco concejales de CC que fueron y no estaban de Carnavales se abstuvieron", ha señalado mostrando incredulidad porque "después de ese pleno nos fuimos a celebrarlo comiendo unos churros con chocolate".

La moción se debate en 10 días

La alcaldesa niega cualquier tipo de conflicto con el Partido Popular e insiste en que nunca se ha convocado, a lo largo de un año y ocho meses de legislatura, la Mesa del Pacto. "Jamás tuve sospecha alguna de que Marcos Antonio había decidido romper (...) Siempre habíamos tenido 'feeling' diario para vernos y discutir las cosas importantes". La moción fue registrada en el Ayuntamiento este miércoles sobre las 8 de la mañana. El edil del PP solicitó escolta policial y decidió no acceder por la puerta principal del consistorio según ha relatado la dirigente socialista. Inmediatamente, firmó en solitario, "sin el grupo de concejales que le van a acompañar en el futuro gobierno en teoría" y se marchó.

Miranda sostiene que, aunque lo ha intentado, no ha logrado contactar con Rodríguez para obtener una explicación que también "merece el pueblo de Granadilla". Sobre su cambio de postura, señala que "entendemos que hay algo más, algo desconocido y que seguramente tendrá que ver con las presiones que está sufriendo". La moción se debatirá dentro de 10 días. No obstante, la alcaldesa no pierde "la esperanza" de poder revertirla. La dirigente agradece "el apoyo masivo" que ha recibido a través de las redes sociales y asevera no entender el paso a la ultraderecha en el municipio.

Tercer pacto entre Coalición Canaria, PP y Vox

Durante la entrevista, ha invitado al concejal popular a coger el teléfono porque "al menos una conversación, después de, incluso, habernos querido mucho durante este año y ocho meses, nos merecemos los dos". De prosperar la iniciativa, sería el tercer pacto suscrito entre Coalición Canaria, Vox y el Partido Popular. El primero fue el de Teguise, en Lanzarote, aunque el edil de la ultraderecha acabó abandonando la formación. El siguiente fue el de Arona, en Tenerife, donde la alcaldesa del PP expulsó del grupo de gobierno a Más Por Arona e incluyó a Vox junto a los nacionalistas, que ya formaban parte del mismo.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Preguntado al respecto en la SER, el presidente autonómico y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha asegurado que la nueva alianza en el sur de Tenerife "no es una decisión que haya tomado yo" y ha defendido la independencia de los comités locales de su formación aunque se reconoce "preocupado" por el avance de la ultraderecha: "Somos agua y aceite". Asimismo, ha reprochado al PSOE contar hasta con ocho pactos municipales con Vox a lo largo del territorio nacional.

La vivienda: una prioridad para Miranda

A lo largo de su mandato, Miranda ha hecho hincapié en las políticas de vivienda. De hecho, recientemente Granadilla de Abona se convirtió en el primer municipio de la isla en regular la vivienda vacacional limitando la actividad a "casos muy excepcionales". Es la tarea en la que también avanza el Gobierno de Canarias a través de una futura ley que este viernes se debate en la Cámara autonómica. Al respecto, la todavía alcaldesa detecta en la norma regional "muchas carencias" e insta al ejecutivo a poner en marcha un cuerpo de inspectores "que dependa de la administración turística" y no de los ayuntamientos.

Como ejemplo explica que en su término municipal hay hasta 1.500 casas o pisos ejerciendo la actividad turística de forma irregular y "no están bajo el paraguas de la normativa de la comunidad autónoma". Concluye que no van a poder acometer en solitario las tareas de inspección.