Se ejecuta el desahucio en una vivienda vendida por la Diócesis de Canarias
Los intentos in extremis para demostrar la situación de vulnerabilidad y la condición de menor de una de las afectadas no han conseguido paralizar el alzamiento
Desahucio de una vivienda en el barrio de Argana de Arrecife, capital de Lanzarote. / Cadena SER
Arrecife
La familia que residía en una vivienda del número 2 de la calle Palacio Valdés del barrio de Argana Alta en Arrecife (Lanzarote), que fue vendida en su día a una empresa privada, han sido finalmente desahuciados este viernes tal y como ya se había establecido tiempo atrás. A pesar de los últimos esfuerzos realizados por el abogado de los afectados, Florencio Lariño, el alzamiento no se ha podido paralizar y se ha llevado a cabo con la presencia de hasta tres patrullas de la Policía Nacional y ante la mirada y las protestas de varios vecinos.
El abogado ha intentado hablar con el juez encargado del caso, a lo que se asegura que no ha accedido, para convencerle de la situación de vulnerabilidad de las personas que iba a desahuciar, mostrando incluso un informe del Ayuntamiento de Arrecife. Añade que el juez ha estimado que no cumplen los requisitos para ser declarados vulnerables y ha ordenado ejecutar el alzamiento.
En el último momento y tras comunicar al secretario judicial que entre los desahuciados había una menor, este ha hablado teléfonicamente con el juez para preguntar qué hacer y finalmente ha recibido la orden de seguir adelante con el alzamiento tal y como se lo ha comunicado a los afectados.
Según han venido explicando tanto los afectados como sus familiares, esa vivienda fue cedida por la Diócesis de Canarias a los padres de los desahuciados "por ser una de familia vulnerable de la época". Posteriormente, la casa fue vendida a la empresa Juan Antonio Rivera SL por 60.000 euros y según los afectados "sin respetar el contrato firmado en el contrato". Y es que aseguraba que en el mismo se especificaba que "los inquilinos número dos y número ocho podrán vivir hasta su fallecimiento".
El representante familiar explicó que a pesar de que su madre ya había fallecido, en la casa "vive mi hermano José Fernández, el lleva allí desde que nació".
Por parte de la empresa compradora, el abogado Javier Guerra, explicó no es cierto que tengan derecho a estar allí porque no es inquilino, no es cierto y así lo dice una sentencia". Añadió que "él pensaba que él heredaba ese derecho, como ocupante sí pero no heredero y a él se le explicó en su día".
Lo cierto es que ahora la familia ha tenido que desalojar la vivienda, con la ayuda de otros vecinos y familiares que, desde primera hora de la mañana, se habían concentrado en las puertas del inmueble.
Se ejecuta el desahucio en una vivienda vendida por la Diócesis de Canarias
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Carlos García
Redactor de Informativos y Programas desde el 2000 en SER Lanzarote, donde también fue responsable de...
