Sobre la deuda y el déficit

Las políticas económicas basadas en gastar sin medida tienen un atractivo inmediato: permiten vender progreso y bienestar sin que, en apariencia, nadie tenga que pagar la factura. Pero, lo sabe hasta el más tonto, todo lo que se gasta sale de algún lado, aunque reconocerlo implique admitir que la pasta no cae del cielo. Y eso no da votos. Por desgracia la democracia se lleva mal con la contención fiscal. Hace ya años que las administraciones viven instaladas en una suerte de realidad paralela, donde el dinero público parece infinito, la deuda no importa, y la preocupación por los compromisos económicos de futuro se evapora mágicamente.

No niego la extraordinaria importancia del gasto público, ni se trata de recortar servicios esenciales, sino de aplicar un mínimo de equilibrio y sensatez en la gestión de los recursos. La deuda pública es un recurso de política económica basado en la amortización presupuestaria de las grandes infraestructuras en varias anualidades. Así comenzó: como una herramienta razonable, si se usa con criterio. Pero pagar al personal o las políticas asistenciales con cargo a la deuda es lisa y llanamente un suicidio. Un gobierno responsable no es el que gasta más, sino el que administra lo que tiene, protegiendo el futuro.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, una de las grandes inmobiliarias, insistió ayer en la tesis de que el crecimiento económico de España no es saludable. Y no lo es porque se basa en un gasto público superior a los ingresos nacionales, y eso produce deuda y déficit. “Crecer a un tres por ciento con un déficit público del cuatro por ciento del PIB no es sostenible. Se está creciendo a costa de las futuras generaciones”, ha dicho. Ojalá lo diga más gente y el Gobierno escuche y frene. Porque estamos robando a nuestros hijos y nietos, cargando nuestro bienestar inmerecido sobre su futura pobreza inducida. Les robamos el futuro.