"Regalan 12 días de vacaciones y la fiesta la pagamos nosotros": la CEOE avisa de que la reducción de la jornada se compensará con contratos a tiempo parcial

Santa Cruz de Tenerife

La reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales parece estar más cerca. Aunque ahora tendrá que enfrentarse a la precaria realidad parlamentaria que arrastra el Gobierno de España, el Consejo de Ministro ya ha aprobado el anteproyecto de ley con el que dejar atrás las 40 horas semanales que se instauraron en el país hace cuatro décadas. El texto, que podría cambiar durante la tramitación parlamentaria, concluye que la medida beneficiará a 12 millones de trabajadores, con especial incidencia en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura, la ganadería o las comunicaciones. El ejecutivo estima que el recorte será, de media, de 48 minutos por semana.

La rebaja de la jornada ha sido pactada entre el Gobierno y los sindicatos tras una larga negociación de la que se descolgó la patronal. La CEOE, que acusa al ejecutivo de invadir el diálogo social, ya ha anunciado que dará la batalla presentando sus objeciones a un anteproyecto de ley que califican de "error histórico". De hecho, el presidente de los empresarios en Tenerife, Pedro Alfonso, ha avanzado que se encuentran inmersos en un estudio para determinar si se han vulnerado sus derechos constitucionales.

Productividad, guerra comercial y cambios estructurales, los argumentos de la CEOE

"Le han regalado a los trabajadores 12 días de vacaciones al año y la fiesta la pagamos nosotros", ha espetado en una entrevista en Radio Club Tenerife Alfonso. Preguntado sobre las consecuencias que cree que tendrá el recorte de la jornada en las empresas de las islas, ha aludido a la guerra comercial global que se está destapando: "Donde Estados Unidos quiere ser más competitivo, donde Europa tiene que despertar, donde tanto China como Rusia están en una posición de control de la economía, entregamos las armas. Es decir, entregamos la productividad de las empresas. Y la entrega el Gobierno, no la entregan los empresarios".

Las secciones sindicales, conscientes de las reticencias de las empresas, defienden que la productividad aumentaría si bajan las horas trabajadas. Ya en el mes de octubre, el secretario general de UGT Pepe Álvarez aseguraba en la antena de la SER en Canarias que "me hace gracia cuando dicen que vamos a bajar las ratios de productividad. Se ha dicho siempre. En los años 80, cuando se puso la jornada de 40 horas, decían el mismo rollo". Además, avisaba a la patronal de que especialmente en las islas "hay muchas empresas que tienen contratados a trabajadores por cuatro horas, en realidad hacen ocho y les pagan cuatro. Me gustaría que los dirigentes empresariales y las cámaras, cuando hablen, digan la verdad".

Horas extra no pagadas en España

En España, según el Instituto Nacional de Estadística, se realizan en el tercer trimestre de 2024 hasta 2,4 millones de horas extra no pagadas a la semana. Según Comisiones Obreras, esto equivale a 3.254 millones de euros que no se abonan ni a los trabajadores, ni a la Seguridad Social ni a la Agencia Tributaria.

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Por su parte, Pedro Alfonso ha insistido en que echa en falta garantías en la implantación de la nueva jornada laboral y habla abiertamente de una "tormenta perfecta" por el aumento de las cotizaciones, de los impuestos y del Salario Mínimo Interprofesional. Augura una atonía en el empleo: "No todas las empresas podrán seguir creando empleo como se estaba dando", aunque admite que algunos sectores, como el turismo que se mantiene pujante, todavía "tienen algo de recorrido".

Entre las consecuencias que señalan los empresarios también se encuentra un "cambio estructural importante". Alfonso avisa de que para complementar la rebaja horaria tirarán de contratos a tiempo parcial y no total porque "en la mayoría de empresas no va a dar para eso, son empresas muy chiquititas. Cuando tienes que cambiar 0,10 o 0,8 trabajadores, no lo puedes hacer. O lo cambias o no pones a nadie". Por último, subraya otro posible efecto que pasaría por la petición de una nueva reducción de la jornada de los sectores en los que, por convenio, ya se trabaja menos de 40 horas: "Van a pedir que se les vuelva a bajar porque ya no se sienten privilegiados".