“Nos han tenido en vilo”: Tenerife pide que el transporte gratuito sea una medida estructural en la Agenda Canaria

Santa Cruz de Tenerife

Pedro Sánchez consiguió, finalmente, este martes los apoyos suficientes para poder sacar adelante el conocido como decreto ómnibus, una norma con decenas de medidas, la mayoría de ellas de carácter social y que, incluía, entre ellas cosas, la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y la gratuidad del transporte público. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reclamado que la bonificación total al transporte para los viajeros frecuentes en Canarias forma parte de la Agenda Canaria como medida estructural, de forma que no esté sujeta "al albur" de los partidos políticos.

"Después del rechazo la semana pasada, nos han tenido en vilo con mensajes complicados e incertidumbre", admitió la presidenta, que considera que esta medida no puede ser "un parche", sino algo estructural que vaya más allá del año presupuestario y por ello va a trabajar con el Gobierno de Canarias para "anclarlo" en leyes, como la de Movilidad, o en el artículo 8 del Régimen Económico y Fiscal.

El Estado aporta solo 81 de 140 millones

El coste anual del transporte público gratuito en Canarias asciende a 140 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta 81 millones, una cifra que no alcanza ni el 60% del coste total "obligando a los cabildos insulares a asumir una carga económica desproporcionada para mantener un servicio esencial". "Desde el Cabildo de Tenerife seguiremos exigiendo al Estado que adopte un compromiso estructural con esta política porque los canarios no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda", ha argumentado Dávila.

En su opinión, la eliminación de la gratuidad tendría un impacto devastador para miles de familias, estudiantes, personas mayores y colectivos vulnerables que dependen del transporte público. Como ejemplo ha indicado que una familia con dos adultos y un estudiante universitario tendría que gastar 636 euros al año en transporte, considerando los abonos mensuales disponibles, una carga considerable para hogares con ingresos limitados, especialmente en el actual contexto de inflación.

Esencial para los más vulnerables

El abono joven, que actualmente es gratuito, cuesta 15 euros mensuales, lo que implica un gasto anual de 180 euros que, para muchas familias, resulta difícil de asumir. Además con el abono mensual de 15 euros, los mayores tendrían que destinar también 180 euros al año lo que afecta especialmente a quienes tienen pensiones mínimas o limitadas, ha indicado Rosa Dávila.

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También ha aludido a las personas con discapacidad, con tarifas reducidas de 15 euros mensuales y que se verían obligadas a gastar 180 euros al año, una cantidad significativa para quienes enfrentan gastos adicionales en su día a día debido a su condición. Y para quienes dependen de billetes sencillos, el coste anual puede superar los 700 euros, considerando un uso frecuente, un gasto insostenible para quienes utilizan el transporte público a diario para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos