"Tenemos derecho": un tribunal médico vuelve a declarar 'no apta' a una maestra con discapacidad que ya estaba dando clase en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Fue en 2024 cuando, tras años de estudio, Uxía García aprobó la oposición de especialista de Pedagogía Terapéutica en Canarias. Esta maestra gallega de educación especial no se lo pensó y se trasladó, junto a su marido y su hijo de dos años, a la isla de Tenerife para tomar posesión de su plaza y cumplir su sueño: ser docente. Nunca pensó que su discapacidad visual del 66% sería un impedimento para ejercer hasta que, tras un periodo de tiempo dando clase, fue requerida para pasar por el tribunal médico. Este acabó declarándola "no apta" para la docencia y cesándola.

"El acogimiento por parte de mis compañeros fue extraordinario. Todos los profesores me apoyaron y, de hecho, hubo muchos que conocieron que tenía una discapacidad el día que me cesaron", ha explicado en una entrevista en Radio Club Tenerife señalando que desempeñaba la labor de maestra con total normalidad: "Trabajé con niños con necesidades educativas especiales como cualquier docente normal. Hicimos excursiones, guardias...".

"Sentí que era una encerrona"

Uxía lamenta que el tribunal la haya declarado "no apta" pese a haber presentado documentación médica del servicio sanitario gallego que acredita que está capacitada para dar clase y relata la inspección como "una encerrona" ya que la administración canaria conocía desde 2022, cuando se matriculó para opositar, qué discapacidad tiene y cuál es su grado. "Me hacían preguntas de índole personal: ¿Con quién vives? ¿Motivo por el que viniste a vivir a Canarias siendo gallega? ¿Tienes carné de conducir? Aspectos que yo creo que tampoco son de mucho interés con lo que respecta a las funciones o para decidir la capacidad que tienen un docente", ha señalado.

El argumento empleado por el tribunal médico para determinar su cese, según apunta, es que Uxía no cumple con los requisitos que establece una guía de la Seguridad Social desde el año de 2010: "Una guía es solo eso, una mera herramienta. No te puedes saltar a la torera leyes que amparan los derechos de las personas con discapacidad. La Constitución Española en el artículo 49". Desde la Consejería de Educación se limitan a explicar que "las bases del proceso selectivo establecen que los aspirantes deben superar un examen médico para ser nombrados funcionarios de carrera". Corresponde al mismo "comprobar que los aspirantes propuestos no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las funciones (...)". Sin embargo, se muestran dispuestos a analizar la situación y este mismo lunes hay convocada una reunión entre la Dirección General de Personal y representantes de la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

"Nos parece una situación surrealista. Lo que deseamos es que la Consejería reconsidere la situación, que analice bien toda la documentación que se le ha entregado. La afectada tiene documentación médica que acredita que es perfectamente capaz y que, con los ajustes razonables, puede desempeñar su función. Ya lo venía haciendo durante cuatro meses", ha declarado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y secretario general de CERMI en el Archipiélago, Miguel Denis.

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El segundo caso en meses en Canarias

Esta es la segunda denuncia pública en cuestión de meses de una docente con discapacidad que resulta apartada de su puesto en Canarias. Ya en septiembre, el sindicato UGT reveló el "indignante" caso de una maestra con sordera a la que un tribunal médico consideró "no apta" tras sacarse las oposiciones y pese a llevar ejerciendo como interina cinco años. La Comisión de Evaluación Médica ha concluido asimismo que "no cumple los requerimientos" para desarrollarse como docente de Educación Especial-Pedagogía Terapéutica debido a sus limitaciones de audición y comunicación.

Al respecto, Uxía asegura que "nos están metiendo a todos en un mismo saco y no están valorando las discapacidades de manera individual" y denuncia que "la finalidad es la misma: están cesando a personas con discapacidad aún sabiendo que tenían una discapacidad y habiéndose presentado por reserva de plaza con discapacidad". Esta maestra reivindica que "todas las personas tenemos derecho a trabajar. Y más si estamos demostrando que somos perfectamente capaces. A mí no me afecta la discapacidad en el ámbito laboral, que es lo que les intenté explicar a los médicos".