Sociedad

Los centros de menores viven "la saturación de la sobresaturación" en Canarias

Los gobiernos de Canarias y Euskadi remiten a las comunidades su propuesta de distribución extraordinaria

Francis Candil: "Estamos con la saturación de la sobresaturación"

Francis Candil: "Estamos con la saturación de la sobresaturación"

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Las Palmas de Gran Canaria

En los centros de menores responsabilidad del Gobierno de Canarias terminaron 2024 con más de 5800 niñas y niños llegados solos a las islas en la Ruta Canaria de la Inmigración desde el continente africano. La situación es descrita por el viceconsejero de Bienestar Social del gobierno canario como de "la saturación e la sobresaturación" ya que en los dispositivos puestos en marcha no hay más plazas para atenderlos con un mínimo de condiciones, pero tampoco hay personal suficiente con la formación adecuada. Solo en la última semana del año llegaron 300 menores no acompañados entre las 2000 personas supervivientes en cayucos, pateras y neumáticas salidas desde la costa africana.

La propuesta de Canarias y Euskadi

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari, Imanol Pradales, han remitido a los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas su propuesta de acuerdo para una distribución extraordinaria de los menores migrantes no acompañados. La finalidad de este reparto es garantizar la atención de los niños y jóvenes al tiempo que se alivia la tensión en la red de recursos en el archipiélago, que tutela en la actualidad en solitario unos 5.600 migrantes menores de edad.

En un comunicado, el Gobierno de Canarias explicó que la carta expone el texto íntegro de la propuesta que se presentó en la XXVII Conferencia de Presidencia y que también fue remitida al Gobierno español. De esta forma, los máximos mandatarios de Canarias y Euskadi buscan seguir dando pasos que permitan avanzar en una respuesta "a la dramática situación que están viviendo las comunidades autónomas situadas en la Frontera Sur, Canarias y Ceuta, pero también Euskadi, Frontera Norte". El texto urge "a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico". Aquí, Canarias y Euskadi defienden que "es un principio y una obligación que vincula tanto al Gobierno de España como a los gobiernos de las comunidades autónomas" y que tiene como objetivo "asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores no acompañados".

Ambas autonomías apuestan por la activación de un mecanismo extraordinario que permita "la distribución de menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores", al tiempo que resolvería "la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi".De igual moto, Canarias y Euskadi insisten en su propuesta que es el Gobierno español el que "tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos".Por ello, buscan "garantizar que los y las menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos" que reclaman sean financiados con fondos estatales y europeos y con la coordinación de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

n la propuesta remitida a los líderes de los ejecutivos autonómicos, Canarias y Euskadi plantean un acuerdo de colaboración sobre la gestión migratoria en cuatro ámbitos de gestión de aplicación "inmediata". El primero es un Plan Estratégico de Migración que contemple desde la planificación, la previsión de diferentes escenarios, los indicadores de evaluación y una memoria económica real. A este Plan se sumaría la consideración de Euskadi como Frontera Norte tras el cierre de la frontera decretada por el estado francés el pasado 1 de noviembre, acompañada "por una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito". De la misma forma, tanto Euskadi como Canarias abogan por "un reparto equilibrado, coordinado y justo entre las comunidades autónomas" unido a una memoria económica que garantice y soporte la distribución extraordinaria de los y las menores no acompañados. Por último, piden un modelo de distribución basada en un total de cinco indicadores. Concretamente, se refieren al modelo elaborado por el Gobierno canario y suscrito por el Ejecutivo vasco sobre los indicadores de población total, población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años).

 
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