"El Estado puede forzar la distribución de los menores migrantes entre comunidades con la Constitución"

Santa Cruz de Tenerife

Canarias llevará al Estado a los tribunales para que mueva ficha en materia migratoria. Sin novedades en torno a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Consejo de Gobierno ha acordado presentar un recurso contencioso administrativo. Fue el 23 de septiembre cuando la comunidad le requirió que cumpliera con sus obligaciones y atendiera a los menores no acompañados que llegan al Archipiélago. Casi dos meses después, la administración regional (CC-PP) asegura no haber obtenido respuesta y, en consecuencia, recurre a la vía judicial. "Seguimos defendiendo que el Gobierno central, en base a la constitución y a los protocolos de los que él mismo se ha dotado, debe jugar un rol diferente", ha explicado el portavoz autonómico Alfonso Cabello.

Según los últimos datos aportados por el Gobierno de Canarias, actualmente el Archipiélago tutela a 5.401 niños y adolescentes migrantes. En lo que va de 2024 han llegado a las islas 5.376 menores, 681 de ellos en los primeros quince días del mes de noviembre.

Otra vía para garantizar la acogida compartida

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Antonio Domínguez Vila, defiende que la reforma de la Ley de Extranjería (con las negociaciones entre el PSOE y el PP rotas en estos momentos) "daría seguridad jurídica" para la acogida compartida (y obligatoria) de los niños y adolescentes migrantes entre todas las regiones. Sin embargo, el experto también defiende que, una vez superada la capacidad de Canarias, el Estado cuenta con otros mecanismos para garantizar el reparto. "Con el principio de solidaridad interterritorial de la Constitución y lo que dice la propia Ley de Extranjería en el artículo 2, de la solidaridad en casos extremos, el Estado podría perfectamente, en vista de su principio de coordinación interterritorial, forzar la distribución entre otras comunidades", ha explicado en Radio Club Tenerife.

El artículo 2 bis de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que "el Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia". Vila asevera que "lo que no se puede pensar es que la residencialización de los menores sea en Canarias porque entran por Canarias. No tiene mucho sentido".

Pulso por las competencias

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias mantienen un pulso por las competencias. Si bien el artículo 149 de la Constitución Española reserva al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración, la tutela de los menores en desamparo recae sobre las comunidades autónomas. Sin embargo, el propio ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), reconocía hace unos meses en declaraciones a los medios de comunicación que "creo que hay que cambiar la ley porque no es justo que sea una competencia autonómica los menores inmigrantes que llegan a los territorios frontera. Lo he creído siempre y lo sigo creyendo hoy". En esta tesis también se mueve el profesor, que señala que "tanto la Ley del Menor como la Ley de Extranjería, y por supuesto el Código Civil, cuando hablaban del desamparo de los menores, estaban hablando de otra cosa. De los menores internos, que se encuentran desamparados por las razones que fueran".

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El profesor añade que "estamos ante un problema de país que trasvasa las competencias y la capacidad de cualquier comunidad autónoma. El Estado tiene que asumirlo". Vila, que reconoce que no hay precedentes de un conflicto competencial en materia migratoria y respecto a los menores no acompañados, apunta que sí hay experiencias sobre episodios que sobrepasan la capacidad y el ámbito de la comunidad autónoma. "Piénsese en incendios forestales que pasan de una región a otra, piénsese en el problema que estamos viviendo en Valencia con la Dana. Piénsese en el volcán de La Palma. El Estado inmediatamente actuó porque el problema se le desbordaba a las administraciones locales".