Sobre el 'caso marcarillas'

La comisión de investigación parlamentaria que se ocupa del ‘caso mascarillas’ vivió ayer uno de sus momentos más surrealistas, cuando dos altas funcionarias de la Agencia Tributaria, de la que depende el servicio de Aduanas, se negaron a explicar lo ocurrido con las famosas mascarillas de RR7, que –según las informaciones reiteradamente coreadas por los entonces responsables del Gobierno floral, fueron destruidas, tras descubrirse que al carecer de la homologación requerida, no eran aptas para su uso.

María José Caballero y María Ortega, optaron por mantener la boca cerrada en una decisión que demuestra coincidente intencionalidad o acatamiento de instrucciones. Las dos se escudaron en que lo ocurrido a las mascarillas compradas por el Gobierno de Torres a RR7 es información reservada. ¿Información reservada? Pues parece que sí, que lo ocurrido no puede ser conocido, porque “afecta al secreto entre Aduanas y los clientes”. Jamás en mi vida había escuchado una justificación tan peregrina e inconveniente de un funcionario público teóricamente neutral. De hecho, lo que se produjo ayer fue una flagrante negativa a informar a la Comisión Parlamentaria, una negativa que sólo apuntala la percepción de que lo que ocurrió no es lo que se nos dijo. Si lo fuera… ¿qué importancia tendría reconocerlo?

Quizá cuando sean llamadas ante la Justicia hablen hasta las de Aduanas y se acabe sabiendo que pasó con las mascarillas, y dónde fue a parar el dinero, y que deuda se pagó con él, y a quien se untó. Hasta podría llegar a saberse quien dio a las altas funcionarias la instrucción de mantener sigilo y negar información al Parlamento de Canarias.