Jessica de León: "Como majorera me siento estafada, por un puñado de votos han jugado con los trabajadores del hotel"

Santa Cruz de Tenerife

Este jueves, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha declarado la caducidad de la concesión del complejo hotelero y apartamentos Oliva Beach, ubicado en las Dunas de Corralejo, en la isla de Fuerteventura. El organismo de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, señala el incumplimiento "reiterado" de la empresa Geafond, titular de la concesión otorgada según el régimen transitorio de la ley de Costas sobre el entorno hotelero. Este permiso, otorgado en el año 2003, compensa la pérdida de una propiedad preexistente al deslinde del dominio público marítimo terrestre.

Desde el MITECO, mediante un comunicado, señalan que la empresa ha ejecutado obras en ese espacio que no se contemplaban en el título de concesión. Se ha vulnerado, apunta, una de las condiciones, que pasaba por destinar 18.000 metros cuadrados al uso público. Ya en el mes de marzo de 2022, el organismo resolvió el expediente sancionador, con una multa de 204.000 euros a Geafond, y se ordenó la demolición de las instalaciones. La promotora hizo caso omiso de ambas y recurrió ante la Audiencia Nacional, aún pendiente de resolución, señalan desde el Ministerio.

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Este incumplimiento supone, por tanto, causa de caducidad de la concesión, a lo que el 5 de julio de 2022, el MITECO inició el procedimiento de caducidad. Casi dos años después, el Consejo de Estado dictaminó el procedimiento de caducidad, materializándose el 27 de febrero. Por tanto, la empresa deberá retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre, aunque se suspende la demolición de los apartamentos anexos a fin de esclarecer la situación jurídica de los 20 titulares. Estos propietarios, señala el MITECO, "no tuvieron ocasión de solicitar una compensación compensatoria", señalan en el comunicado.

Este expediente es el origen de un conflicto enquistado entre el Gobierno de España y de Canarias en relación a la transferencia de competencia en materia de Costas. Desde el Consejo de Estado inciden en que es competencia del ejecutivo nacional resolver estas cuestiones de concesión, ya que "no se ha traspasado" funciones relacionadas a las Comunidades Autónomas que han solicitado las funciones al respecto. Una disputa, que tras varias semanas de negociación entre gobiernos, llegará al Tribunal Constitucional.

Incumplimiento del Estatuto de Autonomía

Una de las voces que se suman a las críticas contra el Estado es la de Jéssica de León. La consejera de Turismo ha señalado, durante la presentación del stand de Islas Canarias en la ITB de Berlín, que se incumple el Estatuto de Autonomía, actualizado en el año 2018. "Nos ceden las competencias en Costas, quien debe resolver este expediente es Canarias", señala la exconsejera del Cabildo de Fuerteventura. Para León, esta "disputa" supone la "paralización de las inversiones públicas y privadas" en el dominito marítimo público terrestre. "Genera inseguridad jurídica", matiza.

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La consejera también se muestra sorprendida ante la implicación del Estado en este caso concreto. "Me gustaría saber cuántas actuaciones de este calado se han llevado a cabo no solo en Canarias, sino en el resto del Estado", se ha cuestionado antes de precisar que este enfrentamiento tiene otras repercusiones más allá del propio hotel de la cadena RIU. "Todos los paseos marítimos que se debería renovar no se podrán modificar tan fácilmente si el Estado se sigue empeñando en no resolver quién tiene la competencia para ello", lanza antes de remarcar que "Teresa Ribera no rindió cuentas de ello en su visita a Canarias" aunque ya estaba el expediente en la mesa del Consejo de Estado.

"Ángel Víctor Torres solo vendía humo"

De León también ha enviado un mensaje para el ejecutivo canario saliente. Y sobre la mesa dos nombres propios. El de Ángel Víctor Torres y José Antonio Valbuena, exconsejero de Transición Ecológica. "Ambos dieron la concesión, en plena campaña electoral, un día antes de la jornada de reflexión, ese mismo día el Estado recurrió las obras y se paralizaron", asegura no sin añadir que el actual ejecutivo sí se persona en la causa a 1 de agosto de 2023. Sobre este último movimiento, destaca que el expresidente canario solo exigía las competencias "ante los medios".

"El Gobierno de Canarias jamás se personó, el anterior Gobierno solo vendía humo, como majorera me siento estafada, indefensa y creo que por un puñado de votos no se puede jugar con los 400 empleados asociados a este hotel", cometa. Por último, ha destacado que "se ha admitido a trámite" una "acusación de la empresa de prevaricación por parte de 3 funcionarios del MITECO". "Ahora está por ver si recurren y Canarias estudiará otras vías judiciales, no se puede igualar un hotel, cuya licencia se dio en 1969 al amparo de una ley que no existía", ha ratificado.