Angel Víctor Torres asegura que se ha recuperado parte del dinero del primer 'Caso Mascarillas'
Sobre el 'Caso Koldo' afirma que llegaron propuestas de todos lados
Angel Victor Torres en el desayuno informativo de Europa Press en Madrid / Eduardo Parra
Las Palmas de Gran Canaria
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, afirmó esta mañana que el gobierno canario ya ha recuperado parte de los 4 millones que se pagaron por adelantado en el primer 'Caso mascarillas', sin especificar cuánto. El que fuera presidente de Canarias durante la pandemia participó en un encuentro informativo de la agencia Europa Press en Madrid y defendió la gestión del ejecutivo que él presidía durante los meses más duros del COVID 19.
Este caso saltó en mayo de 2022 cuando un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria inició diligencias por la presunta estafa de 4 millones de euros que pagó el gobierno canario por adelantado a una empresa, RR7, por un lote de mascarillas que finalmente fueron incineradas al llegar a las islas por la Inspección de Aduanas, ya que no cumplían los requisitos mínimos para su uso. En reiteradas ocasiones se requirió a los responsables de la empresa par que devolvieran el dinero sin rspuesta y se iniciaron trámites de embargo. Con las declaraciones del juzgado en noviembre de 2022 el que era director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, presentó su dimisión.
Torres destacaba esta mañana que el informe de la Audiencia de Cuentas fue remitido al Tribunal de Cuentas que dió el visto bueno a la gestión de este caso y que los trámites de embargos se iniciaron antes de la judicialización del caso.
Ofertas diversas
Ángel Víctor Torres, ha defendido que, durante la pandemia del Covid, le llegaron "propuestas" de varias personas de la política, al ser preguntado por si le llamó directamente el exministro José Luís Ábalos o su exasesor para recomendarle la empresa vinculada a la trama Koldo para la venta de mascarillas.
"A mí me llegaban propuestas de compañeros del Parlamento canario, de políticos, de alcaldes. Yo lo agradezco. Ahora bien, una vez que llegaba esa propuesta, si dos años o tres años después se ve que alguien se ha corrompido, a quien hay que señalar y contra el que hay que ir es con quien se haya corrompido", ha sostenido Torres en un desayuno informativo de Europa Press al ser preguntado por si le llamó Ábalos o Koldo García para recomendarle la empresa.
Mientras Torres era presidente de Canarias, el ejecutivo autonómico contrató material anticovid con la empresa investigada en el llamado 'caso Koldo' por valor de 12 millones de euros. La semana pasada, García Izaguirre fue detenido por la Guardia Civil por una presunta trama de cobro de mordidas en la venta de este material sanitario. Además, este mismo jueves se ha hecho público que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso señala a Ábalos como "intermediario" de la 'trama Koldo'.
Sin problema para ir a la comisión de investigación en el parlamento canario
Torres ha afirmado que acudirá "con toda naturalidad" a la comisión de investigación impulsada por Coalición Canaria y el PP en la Cámara autonómica para investigar este asunto. "No tengo ningún problema", ha asegurado.
Y es que Coalición Canaria y el PP registraron este miércoles en el Parlamento regional la solicitud de una comisión de investigación que esclarezca la compraventa de material sanitario durante la pandemia del Covid, poniendo el foco precisamente en el propio Ángel Víctor Torres.
Esta comisión de investigación surge después de las investigaciones del llamado 'caso Koldo', con contratos por importe de 12,5 millones para la empresa vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Pero también abordará otras dos tramas, que en total suman 39,5 millones: el primer 'caso mascarillas', que implicó el pago de cuatro millones de euros por adelantado a una empresa por un millón de mascarillas que no se recibieron, y el último por el que la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros.
