"Estamos abiertos a una solución": las torres del Canódromo podrían rehabilitarse con el nuevo decreto de Vivienda

Gran Canaria

El decreto de vivienda aprobado por el Gobierno de Canarias abre la posibilidad a que los promotores privados soliciten la renovación de la licencia para terminar edificios inacabados. Estructuras en esqueleto que abundan en Canarias desde la crisis inmobiliaria del año 2008. El esqueleto de las torres del Canódromo es un ejemplo, aunque su situación judicial complica esta posibilidad. Un inmueble con más de 120 pisos y 165 plazas de garaje que lleva más de una década abandonado. La compañía Realia, propietaria de la edificación, está pendiente de la resolución de un recurso de casación, pero está dispuesta a llegar a una solución consensuada con el Gobierno tras la aprobación del decreto Ley. "Dado que el decreto es muy reciente, la sociedad lo está analizando y en cualquier caso siempre estamos abiertos a soluciones consensuadas que puedan paliar el problema de la vivienda, más en este caso concreto, ya que es un proyecto paralizado por causas ajenas al promotor y donde los perjuicios económicos sufridos por Realia son cuantiosos", explican desde la empresa a la Cadena SER.

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Las torres fueron construidas con arreglo a un Plan General que posteriormente fue tumbado en los tribunales, y con ello la obra se paralizó. La propiedad pidió una nueva licencia, y tras más de una década, el asunto sigue sin resolver. El decreto de vivienda aprobado esta semana pone el foco en este tipo de promociones inacabadas, que suponen una gran oportunidad para introducir vivienda en el mercado rápidamente, paliando de este modo la crisis habitacional que sufre Canarias. El Ejecutivo da la posibilidad a los promotores privados de rehabilitar sus propiedades, con la garantía de que posteriormente las comprará. Si en un plazo de cuatro años no se ha hecho nada, existe la posibilidad de ejecución subsidiaria. Esto es: la expropiación por incumplimiento de rehabilitación.

Un barrio saturado con enorme presión urbanística

Uno de los argumentos que impiden la incorporación de nuevas viviendas en el barrio de Schamann es la enorme presión urbanística de la zona. Los vecinos que pelearon por paralizar el proyecto insisten en que los tribunales han dictaminado claramente que se trata del barrio más saturado de Canarias, dónde los servicios ya no soportan más población. Rehabilitar edificios inacabados es una de las medidas que establece el decreto Ley, pero no la única. La norma también contempla la recalificación de suelo, el acondicionamiento de locales y oficinas como viviendas y la posibilidad de dividir los inmuebles incrementando su edificabilidad. Medidas ambiciosas que requieren la determinación y el acuerdo de muchas partes para ser realmente efectivas.

Las dificultades legales para rehabilitar ese edificio

Los vecinos de ciudad alta se organizaron desde el principio para detener la obra y llegaron a las más altas instancias judiciales. El nuevo panorama no gusta a muchos de ellos, sorprendidos con la disposición de Realia a estudiar el asunto. "Habilitar la construcción de viviendas con tanta libertad y facilidad a costa de equipamientos y de dotaciones implicará un aumento en la población y un detrimento en la calidad de vida de los ciudadanos", explica el letrado experto en urbanismo Yeray Alvarado que defendió a los vecinos. "Llama la atención que la empresa, que lleva veinte años escondida, salga ahora a decir que está dispuesta a llegar a un acuerdo", añade. "En el decreto se habla de vivienda de protección, con precios tasados y militados, no habilita la promoción libre para hacer viviendas de lujo al alcance de unos pocos", explica.

El letrado también pone el acento en que el suelo ocupado por estas torres, "era un suelo urbano con una ordenación de residencial que fue enjuiciado por el Supremo, que concluyó que no caben viviendas porque el barrio de Schamann tiene la edificabilidad agotada", explica Yeray Alvarado. "Este es un suelo residencial que ya ha sido descartado por el Supremo, y se pretende que vuelva a rehabilitarse como suelo residencial aplicando este decreto", añade. "Esto es esquivar la resolución de un tribunal a través de un decreto, lo cual es absolutamente ilegal. Yeray Alvarado recuerda el artículo el artículo 103 de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa que dice: "serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su complimiento".

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Más de 17.000 viviendas públicas, muchas sin control

El Gobierno de Canarias no controla su parque de viviendas públicas. Se desconoce quién vive en un porcentaje muy alto de esas viviendas, algunas de las cuales están ocupadas por familias que ya no cumplen los criterios de vulnerabilidad y otras incluso han sido realquiladas o revendidas. Según los cálculos del Victor Nicolás González, exdirector de VISOCAN, -la empresa pública de viviendas de Canarias-, hay 18.000 casas y muchas de ellas están totalmente fuera del control del Gobierno. "El parque del Instituto Canario de la Vivienda es de 14.500 viviendas y VISOCAN tiene 4.700 viviendas, son casi 19.000 viviendas", explica González. "¿Cuántas de esas están siendo ocupadas por familias que no cumplen los requisitos?", se pregunta." Habría que hacer un estudio exhaustivo. No se trata de echar a nadie, sino de acreditar que el uso de esas viviendas públicas está cumpliendo su fin", explica el técnico.