Vivir en la oficina: así es el nuevo decreto para frenar la emergencia habitacional en Canarias

El diagnóstico está claro: en Canarias hay una emergencia habitacional de primer orden que nadie ha sabido combatir con eficacia. En algunas islas no se construye una sola vivienda pública desde hace más de dos décadas, y los planes de vivienda puestos en marcha no han dado resultado. Como consecuencia de la crisis inmobiliaria, en muchos municipios se ha reducido la oferta de vivienda libre a la que pudieran acceder, en condiciones económicas razonables, personas y familias con rentas medias. A su vez, la existencia de viviendas libres desocupadas, que pudiendo ser destinadas al alquiler no lo están, sumado al impacto sobre el mercado de alquiler de las viviendas vacacionales, complica aún más el acceso a una vivienda, ya sea permanente -en régimen de propiedad-, ya sea el temporal -alquiler de media o larga duración-, en función de las distintas necesidades. A todo estoy hay que añadir que Canarias no es un territorio continental: son islas dónde el suelo es un recurso escaso y por lo tanto, limitado. En la lógica del mercado, la escasez de un bien significa que su especulación resulta atractiva para muchos. De hecho, la concentración de la propiedad de viviendas en manos de extranjeros se ha disparado: están comprando Canarias al peso. Ante esto, el Gobierno de Canarias ha decidido decretar la emergencia habitacional y tomar una serie de medidas para intentar paliarla en los próximos años. Además, con la simplificación de los procedimientos. -la declaración de utilidad pública y la contratación conjunta de proyecto y obra-, el Ejecutivo canario espera agilizar la construcción. Es el último disparate. En la isla de Tenerife se alquilan tiendas de campaña en la azotea de un edifico para pasar las noches de carnaval por un módico precio de doce euros. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado su prohibición inmediata como actividad económica ilegítima tras su publicación en la prensa. Sin embargo, este no es el único caso. Hace unos meses en Lanzarote un empresario alquiló tiendas de campaña para dormir en el interior de un local comercial. Hace tan solo unos días, también en Tenerife, se anunció el alquiler compartido de una habitación por algo más de trescientos euros en el sur de la isla. En Gran Canaria, algunos arrendadores piden un avalista con más de una propiedad a su nombre para un alquiler de 750 euros, uno de los más baratos. La situación es tan grave que el Ejecutivo canario ha decidido poner en marcha una operación a gran escala: un concurso público para comprar vivienda inacabada y aumentar así la oferta disponible. El plan del Gobierno incluye, en primer lugar, medidas para incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda. Posteriormente, prevén construir con la ayuda de la patronal unas 8.000 viviendas en cuatro años. Además, el Decreto ley establece otras para favorecer y facilitar la utilización de edificaciones existentes con destino a vivienda, por ejemplo: la recalificación de locales y de edificios completos cambiando su uso actual al de vivienda, o el incremento de edificabilidad de construcciones ya existentes destinadas a vivienda. Entre las medidas del Decreto también destaca la división de viviendas existentes «para generar, en el espacio por ellas ocupado, nuevas viviendas más adecuadas a las necesidades actuales», reza el documento. El objetivo común es aprovechar las edificaciones existentes para ser destinadas a viviendas, incluyendo la reconversión de locales comerciales y oficinas en nuevos hogares. Con este fin, el Decreto también prevé la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, permitiendo que puedan finalizarse, así como el reconocimiento del derecho de adquisición preferente de la Administración en el supuesto de transmisión de edificaciones, cuando en ellas exista una o más viviendas en régimen de alquiler. De esta forma, el Ejecutivo quiere compensar las décadas en las que no se ha construido ni una sola vivienda pública en el archipiélago. Espera con ello regular los precios de la vivienda, ampliando la oferta. «La situación resulta extraordinaria, esto es, fuera de lo ordinario o de lo normal», dice el documento redactado por Vivienda que tendrá que ser debatido en el Parlamento de Canarias. «Aunque la demanda de vivienda pueda ser considerada una necesidad estructural, en tanto vinculada con la calidad de vida de las personas en un Estado social moderno; sin embargo, la combinación de la crisis inmobiliaria, con paralización de la actuación privada, y la crisis de la hacienda pública, con las restricciones derivadas de las reglas fiscales, han transformado esta necesidad estructural, sin dejar de serlo, en una necesidad extraordinaria, en una situación de emergencia habitacional, que requiere medidas nuevas y distintas de las que, de ordinario, se han venido utilizando por los poderes públicos para responder a la demanda social de viviendas», añade el Decreto en su parte expositiva. «La demanda que debe ser atendida es algo fuera de lo normal, tan es así que, como se viene diciendo, se califica de emergencia», razona el texto. En los suelos urbanizables ordenados en los que existan una o varias parcelas sin edificar, -y en los que se admita el uso mixto turístico y residencial-, se podrán destinar en su totalidad a uso residencial, siempre que, al menos, un tercio de la edificabilidad se destine a la construcción de viviendas protegidas de promoción privada. A los efectos de viabilizar la opción por el uso residencial, la persona promotora deberá solicitar licencia de construcción al ayuntamiento correspondiente, acompañando la calificación provisional de las viviendas protegidas a construir, sin que aquella pueda ser concedida mientras no se aporte esta calificación. En la solicitud de licencia, la persona promotora deberá asumir el compromiso de ejecutar y terminar las obras de construcción de las viviendas protegidas de forma simultánea a la ejecución y terminación de las viviendas libres, quedando condicionada la primera ocupación de estas a la calificación definitiva de las anteriores. Para convertir un local comercial o una oficina en vivienda será necesario que sean edificaciones «de tipología residencial de vivienda colectiva», explica el Decreto. Además, el uso predominante del edificio debe ser residencial, con que a priori, se descarta la conversión de construcciones concebidas en su totalidad como edificios de oficinas. Será necesario, además, que se ubiquen en suelo urbano y que cumplan las reglas comunes de edificabilidad y habitabilidad que establece la Ley. Se permitirá la división de viviendas existentes en suelo urbano, tanto en edificaciones unifamiliares como colectivas, para aprovechar mejor los espacios y aumentar el número de viviendas disponibles.

Vivir en la oficina: así es el nuevo decreto para frenar la emergencia habitacional en Canarias

El Gobierno de Canarias ha publicado hoy un decreto para hacer frente a la grave emergencia habitacional. Entre sus medidas está la reconversión de locales comerciales y oficinas en viviendas para los canarios

Javi Rodríguez

Webs de PRISA