Una "posible gamberrada", detrás de la falsa amenaza de bomba en el Colegio La Salle de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife

Hasta cuatro colegios de la isla de Tenerife tuvieron que interrumpir su actividad lectiva este lunes como consecuencia de distintas y falsas amenazas de bomba recibidas, hechos que investigan la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tres de ellos son instalaciones privadas internacionales: el Liceo Francés de Santa Cruz de Tenerife, el Británico de La Orotava y el Alemán de El Rosario. Forman parte del grupo de al menos 18 centros que se han visto afectados en todo el país y que se vieron obligados a recomendar a los padres que no llevar a clase a sus hijos. Sin embargo, a última hora de la mañana se sumó otro aviso, en este caso en La Salle de Santa Cruz de Tenerife.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias cifra en unos 4.000 los alumnos afectados por esta suspensión de las clases como consecuencia de las amenazas. En el caso de los colegios internacionales, el 'modus operandi' de la amenaza pasó por un correo electrónico que los centros recibieron el domingo: "los equipos directivos, aconsejados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las propias embajadas, decidieron como medida de precaución cerrar sus instalaciones hasta que fueran revisadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil", ha explicado en Radio Club Tenerife el viceconsejero José Manuel Cabrera.

El Colegio La Salle, un caso diferente

El responsable ha destacado que España se encuentra en un nivel de alerta terrorista 4, por lo que "todo este tipo de amenazas se estudian y se comprueban de una forma más segura". También ha explicado que el caso del colegio concertado La Salle fue diferente. Según detallan testigos y afectados por el aviso, a mediodía aproximadamente sonó la alarma en el centro. Inicialmente, muchos alumnos pensaron que se trataba de un simulacro, lo cual se descartó. Los estudiantes fueron reunidos en el patio, donde permanecieron mientras la policía inspeccionaba todas las instalaciones para descartar cualquier peligro y existencia de artefactos explosivos.

"Fue a través de una llamada telefónica (como se recibió la amenaza), pensamos que no sigue el mismo patrón ni se trata del mismo modo de operación", ha señalado Cabrera sosteniendo que "puede ser una gamberrada". El viceconsejero recalca, al respecto, que estos falsos avisos de bomba pueden incurrir en un delito penal al ocasionar desórdenes públicos. En consecuencia, la Administración hace un llamamiento a la responsabilidad "porque estamos jugando con la seguridad y el alumnado del personal docente de los centros educativos".