"El Estado se está alejando de Canarias": El Gobierno regional pide la misma ayuda que recibe Lampedusa
Han llegado más de 14.000 personas en 2023 y otras 7.600 podrían haber muerto en el Atlántico
Cayuco localizado al sur de Canarias / CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo (EUROPA PRESS)
Canarias
Más implicación del Estado y de la Unión Europea. Es lo que sigue demandando el Gobierno de Canarias ante el repunte migratorio. Solo en lo que llevamos de 2023, se ha incrementado un 25% la cifra de personas llegadas en el mismo periodo del año anterior, más de 14.000 personas en embarcaciones precarias. Otras 7.600, según la ONG Caminando Fronteras, habrían muerto o desaparecido en el Atlántico, en la ruta más mortífera del mundo.
"Pedimos que se actúe en Canarias como en Lampedusa, ahora mismo no se le da la dimensión de problema real"
Además de la petición del mando único al Estado español, algo que recuerda a lo que ya se pidió en el año 2006 con la llamada "crisis de los cayucos", el ejecutivo regional insiste en la necesidad de adoptar planes de refuerzo como el que ya Bruselas ha aprobado para la zona del Mediterráneo más afectada por el traslado de estas personas. En concreto, a la isla de Lampedusa, que el pasado fin de semana recibió a más de 5.000 personas. "No se le está dando la dimensión real de crisis humanitaria, que es lo que está ocurriendo", explica el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.
"El Gobierno de España está descoordinado, hasta 6 ministerios con respuestas contradictorias y sin avisar sobre el anuncio de CATES"
"La sensación continua es esta, de no darle la importancia de una crisis real. Después de la visita el fin de semana de la Comisión Europea en Lampedusa, demandamos una situación similar para las islas Canarias", afirma con rotundidad. Cabello ha aprovechado la entrevista en La Portada de Radio Club Tenerife para calificar de "descoordinada" la actuación entre las distintas carteras ministeriales. "Hasta reuniones con 6 ministerios", explica Cabello, y no sabían nada del anuncio adelantado por la agencia EFE del de Migraciones sobre la creación de 7 nuevos centros temporales (CATE) con capacidad para 7.500 personas. "Se había hablado del acondicionamiento de los que ya había", afirma el representante del ejecutivo canario.
"Según vas hablando con uno y con otro, te das cuenta de esa descoordinación. Hablábamos sobre la retirada de la Salvamar en Lanzarote, y el Ministerio del Interior toma una contra-decisión cuando llevábamos hablando 2 semanas del asunto", explica Cabello, que añade: "Yo creo que queda claro que es el Estado quien se está alejando de Canarias". Se refiere no solo a esta materia, también a las partidas que quedan por transferir a la Comunidad Autónoma, entre ellas las correspondientes a la recuperación de la isla de La Palma y la del convenio de carreteras.
El reciente Pacto de Migración y Asilo, todavía en negociación, no plantea la reubicación como obligatoria. Las voces expertas lo tachan de "insuficiente"
Otra cuestión a analizar es la derivación de las personas que llegan. Sobre todo, los menores no acompañados. 2.700 son los acogidos por Canarias ahora mismo, centenares de ellos trasladados desde la isla de El Hierro, sin capacidad para asistir de una manera digna por los pocos recursos de que dispone.
En general, Canarias no puede albergar sola todas las personas que llegan, mucho menos los niños y jóvenes. Recordemos, además, que la Memoria de la Fiscalía General advertía de deficiencias en los recursos, falta de forenses para determinar la edad, procedimientos lentos, burocracia que impide avanzar en el destino de estas personas.
Ya las islas, en la voz del anterior presidente de Canarias, en 2021, pedía a las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Presidentes la "solidaridad obligatoria" activada, algo que solo se puso en marcha con la derivación entonces de unas 300 personas a varias de esas comunidades adheridas, aunque nada significativo y, por supuesto, no duradero en el tiempo.
La reubicación también se trata en el Pacto de Migración y Asilo que desde el ámbito de Bruselas se negocia, aunque -de nuevo- vuelve a tratarse como algo "no obligatorio". Loueila Mint El Mamy, abogada canaria de origen saharahui, lo califica de "insuficiente". Aunque afirma que el documento sí recoge que los países fronterizos, los "primeros países" con los que se encuentran los migrantes en la travesía, no se encarguen de todo, no deja claro el margen con el que otros se encargan de estos asuntos por esta misma situación, porque la reubicación "no es obligatoria", lamenta El Mamy.
"Mientras las personas pongan en riesgo su vida, crucen las fronteras para llegar y a veces no llegan, este documento no sirve. Se debe legalizar de manera humanitaria, con mecanismos legales y dignos que respeten los derechos de las personas refugiadas a través de puestos fronterizos y de las embajadas o consulados". Una visión más global y completa, esa también fue una de las conclusiones de la Jornada Conecta Canarias-Europa. El fenómeno migratorio debe tratarse desde la perspectiva de los derechos humanos, y siempre teniendo en cuenta que las personas que llegan contribuirán, sin lugar a dudas, al Estado del Bienestar en los países de la Unión. Los discursos de odio, en muchos casos, tienden a nublar este debate y a convertirlo más en una cuestión de cifras y poco en una de historias.
