Caso Fundación: El Centro de La Santa cargó facturas por casi 200.000 euros a una frutería propiedad del hermano del subdirector

Santa Cruz de Tenerife

A los centros de menores no acompañados investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Gran Canaria, se le ha unido en ubicado en La Santa en la isla de Lanzarote. Según la querella presentada por el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y a la que la SER ha tenido acceso, las irregularidades contables son ingentes en el mencionado centro gestionado con fondos públicos por la Fundación Respuesta Social XXI. De hecho, el Ministerio Público considera que existen indicio de alto potencial e incriminatorios en la gestión por de este recurso asistencial ubicado en Arrecife como por ejemplo que el 60 por ciento de los fondos recibidos para su administración(más de medio millón de euros) fueron extraídos directamente en efectivo detectándose además un total de siete transferencias desde la cuenta del centro, en beneficio de la cuenta personal del director del centro Enrique Manuel Dévora por un importe de casi 5.000 euros si que se haya detectado "ningún pago realizado desde la cuenta personal que pudiera ser relacionado con los gastos del centro. Pero lo que más llama la atención al fiscal son una ingente cantidad de facturas relativas a gastos de higiene, limpieza y alimentación". Así entre los años 2019 y 2021 la factura total asciende a más de 199.000 euros gastándose el 35 por ciento del centro en concepto de compras de alimentación limpieza e higiene siendo una pequeña frutería la beneficiaria, frutería propiedad, hasta un reciente traspaso, de un hermano del subdirector del centro de menores.

Falta de control y mal estado de los centros

La Fiscalía concluye que la gestión económica de los centros de menores vinculados a la Fundación Respuesta social Siglo XXI fue "irregular, defectuosa, opaca y desviada, "con el indiciario desvío de dinero vinculado a la superior función pública de la atención integral de los menores a las cuentas personales de los directores querellados, el abusivo uso fraudulento efectuado por los directores (utilizando como medio de pago la tarjeta bancaria del centro) para sufragar y satisfacer gastos personales y comidas en restaurantes". A la par, pone en evidencia el escaso o nulo control de la Consejería de Derechos Sociales dirigida por Noemí Santana.

Para el Ministerio Fiscal las irregularidades en la gestión económica incidieron directamente en en la merma de calidad de la atención integral que se dispensaba a los menores según conta en las actas de inspección realizadas por la propia Fiscalía tanto en los centros de Gran Canaria como en Lanzarote. En este sentido, tras más de un año de diligencias de investigación Anticorrupción presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas investigando a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y a los cuatro directores de los centros de menores a los que se les imputan los delitos de Falsedad en Documento Mercantil, administración desleal y malversación de Caudales Públicos. Sólo en los centros investigados en Gran Canaria la presunta malversación supera los 12 millones de euros.