La Fiscalía solicita la suspensión de las visitas a un padre por presuntos abusos de su hija de dos años en Fuerteventura

Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha solicitado la suspensión del régimen de visitas paternas a una menor de dos años y de la isla de Fuerteventura, presuntamente objeto de abusos por parte por parte de su progenitor. Según ha podido saber la SER está medida ha sido solicitada con carácter de urgencia por parte del ministerio público después de conocer los informes forenses presentados por la abogada de la madre de la menor. Cabe recordar que este caso fue desvelado por la SER el pasado año, cuando el juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario dio carpetazo al caso a pesar de los informes forenses y psicológicos negativos. La Audiencia de Las Palmas ha citado a los progenitores para este martes y será entonces cuando se decidan las medidas cautelares.

La jueza de primera instancia decidió archivar las diligencias argumentando que "no existen indicios nuevos que revelen una responsabilidad criminal contra el investigado". A pesar de que no se tomó declaración de la niña, la jueza dictaminó la toma de muestras mediante hisopos que fueron enviados a Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, no revelaron la existencia de ADN masculino. Al respecto el auto de la Audiencia es demoledor ordenando que se abran diligencias de investigación se acepten la valoración de los informes médicos y psicológicos forenses y que se tome declaración a la madre de la menor. Así las cosas, la Sala del Alto Tribunal considera que, en el caso de los informes se deben practicar nuevas diligencias de cara a comprobar la realidad del abuso o descartarlo de forma definitiva, o al menos suficientemente contundente". Del mismo modo, la Audiencia indica que debe investigarse el caso más afondo ya que "en el momento inicial de la causa no se puede descartar la existencia de indicios racionales de criminalidad".

Impotencia

En declaraciones a La SER, la abogada, Sara Rodríguez Riley mostró su satisfacción tras la decisión de la Audiencia Provincial sin bien "también siento impotencia porque no entendemos después de leer el auto que nos da la razón en todos los extremos, hayamos tenido que llegar a este extremo para proteger a una menor. Ahora habrá que solicitar la prueba psicológica de la menor que lo tendrá que autorizar la juez porque el padre se niega a que la niña sea tratada por un psicólogo, se debe ratificar el informe forense, escuchar al pediatra que hizo el informe sobre los eritemas para intentar establecer cuál era la sintomatología de la menor", señaló la abogada.