Nuevo respaldo judicial a Juan Manuel Sosa, consejero del Cabildo de Lanzarote
El Juzgado de lo Contencioso rechaza la petición de CC y mantiene la suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia firme en el proceso penal seguido contra Pedro San Ginés y el Grupo Político del Cabildo
Juan Manuel Sosa en el salón del plenos del Cabildo de Lanzarote. / Cadena SER
Arrecife
El Juzgado de lo Contencioso de la provincia de Las Palmas, ha rechazado nuevamente la solicitud de Coalición Canaria (CC) de que se continuara con el proceso de protección de derechos fundamentales en el que se acordó la suspensión cautelar de la expulsión del actual consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, tras el archivo de la denuncia que presentó José Manuel Sosa contra todos los miembros de su grupo político por amenazas, falsedad y vulneración de sus derechos fundamentales, lo que ha sido desestimado por el Juzgado porque el archivo de esa denuncia no es firme.
En una reciente resolución, dictada el pasado 14 de octubre, el Juzgado rechaza la petición de CC, considerando que la “prejudicialidad penal” se mantendrá en el proceso contencioso administrativo "hasta que recaiga una resolución firme y definitiva sobre la denuncia de Sosa en la jurisdicción penal, lo que se producirá cuando contra esa resolución no pueda interponerse recurso alguno".
Como se recordará, Juan Manuel Sosa recurrió la expulsión acordada por el grupo nacionalista amparándose en la existencia de numerosas irregularidades en el procedimiento sancionador, entre ellas la posible falsedad de Reglamento del Grupo Político. Fruto de esa sospecha de falsedad, el consejero expulsado amplió una denuncia interpuesta previamente contra Pedro San Ginés por amenazas y el instructor de dicha denuncia entendió que ambos hechos, las amenazas para que dimitiera y la posible falsificación del reglamento para conseguir su expulsión del Grupo Político, mantenían una íntima relación, por pretender en ambos casos condicionar la voluntad de Juan Manuel Sosa y perturbar el desempeño de sus tareas como cargo público.
La existencia de esa investigación provocó que el Juzgado de lo Contencioso paralizara la tramitación del procedimiento al entender que el resultado de las investigaciones de carácter penal podría resultar relevante para la decisión final en el procedimiento contencioso, lo que se conoce como prejudicialidad penal.
Las investigaciones practicadas llevaron al instructor a entender que debiera archivarse la causa, al no haber podido acreditar los hechos denunciados por Sosa, una decisión que ha sido recurrida por el consejero ante el propio juez que la dictó. Precisamente tras ese archivo provisional de la denuncia penal, Coalición Canaria intentó continuar con el procedimiento contencioso, toda vez que la expulsión de Sosa ha sido suspendida hasta que termine dicho procedimiento.
Ahora, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 ha desestimado dicha pretensión al considerar que el archivo acordado por el instructor penal no es firme, porque ha sido recurrido, "siendo que, además, contra la resolución que resuelva dicho recurso aún cabría interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, e incluso ante el Tribunal Supremo".
La posición y derechos de Juan Manuel Sosa, por tanto, continúan intactos, con la expulsión del Grupo Política suspendida hasta que finalice el procedimiento contencioso administrativo y este, a su vez, paralizado hasta que se produzca una resolución definitiva en el asunto penal.
