"El sistema está obsoleto, estamos funcionando como en los años 80 con una realidad social radicalmente distinta"

Las Palmas de Gran Canaria

"No es verdad, el Gobierno no mira para otro lado". La directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, ha respondido en la SER al Comité de Empresa de Derechos Sociales, que ha denunciado presuntas irregularidades en los centros de atención a menores en desamparo y carencias en el Servicio autonómico. Hace más de un mes que comunicaban a múltiples organismo e instituciones prácticas inadecuadas como el aumento de expedientes sin un refuerzo de la plantilla, la ausencia de un vehículo oficial para trasladar a los niños y jóvenes, la privatización de los servicios o el silencio "cómplice" de los directivos respecto a graves problemáticas informadas por los equipos técnicos.

Al respecto, Serrano ha asegurado que "soy la primera que critico el sistema. Está obsoleto. Estamos funcionado como en los años 80 o 90 con una realidad social que es radicalmente distinta". Sin embargo, ha acusado al Comité de "querer un titular" y ha defendido la gestión del ejecutivo autonómico. Sobre la acusación de falta de inspecciones que emitió el representante de los trabajadores, ha aseverado que "por supuesto que se hacen. Es más, nuestros técnicos también supervisan, también los técnicos del Cabildo de Gran Canaria (…) Es quien tiene la competencia de gestión de esa red de protección. Somos conocedores de muchas de las situaciones, por supuesto que sí, y se están abordando, se han abordado".

Las "graves problemáticas" a las que alude el Comité de Empresa se recogen en un informe de 2021 relativo a la entidad Mensajeros de La Paz, en Gran Canaria. El texto concluía que "ante las quejas formuladas por los usuarios de hogares, progenitores, familia extensa y trabajadores (…) manifestados mediante comparecencia o durante entrevistas (…) se infieren en las mismas que existen irregularidades en la prestación de los servicios generales". Tras una inspección, varias entrevistas y también comunicaciones, el equipo técnico pidió al Cabildo que realizara una auditoría interna a la onegé y que se suspendiera temporalmente las guardas en uno de sus centros.

La directora general ha reconocido que "es cierto que hay deficiencias importantes y esa entidad en concreto las presenta. Pero también estamos trabajando precisamente con el Cabildo Insular en esa futura licitación que tiene que haber, se tienen que licitar los servicios, y ya sabemos cuál va a ser la postura de distintas entidades que deberían dejar de prestar ese servicio porque su motivación ahora está en otro ámbito". También ha señalado que las conclusiones del informe fueron puestas en conocimiento de la fiscalía provincial.

Fuentes internas de la Consejería de Derechos Sociales aseguraron a este medio tener constancia de que, a raíz de comunicaciones, visitas y entrevistas, se observaron indicios de aparente falta de nutrición, niños sin cartilla vacunal o sin los materiales escolares suficientes en centros de atención. Por su parte, el ejecutivo regional asegura contar con un aval fiduciario que respalda su buen hacer. Es en este punto en el que Serrano ha querido ser contundente en un asunto que considera "sangrante": "Es verdad que hay muchas deficiencias, pero, ¿Dónde están esos informes pediátricos que constaten esos problemas de desnutrición? ¿Hablamos de desnutrición o hablamos de que, en momentos determinados, los niños y las niñas no quieren comer lo que se les pone en la mesa? (…) Esto no es real".

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Sobre la entidad social Mensajeros de La Paz, en concreto, y otras, en general gestionadas por el Cabildo, Iratxe Serrano ha explicado que durante el confinamiento por la pandemia se envió a niños a sus casas: "Había que repartir comida, se repartía. Se daba una bolsa de comida a la familia para que pudieran tener a los niños allí y sí que es cierto que en momentos determinados se detectó que la comida era insuficiente. Se puso un marcha todo un plan para poderlo subsanar y se subsanó".