La Comisión Ética pide que el pleno del Consell de Formentera apruebe una denuncia penal contra Córdoba por sus declaraciones "injuriosas y ofensivas"

Ibiza

La Comisión Ética y Buen Gobierno del Consell de Formentera solicita que el pleno de la institución apruebe iniciar acciones jurídicas, incluida la vía penal contra el presidente insular Llorenç Córdoba, por sus declaraciones que califican de "ofensivas e injuriosas".

También le exigen que se retracte de las acusaciones que ha hecho contra los miembros de este órgano y que de forma inmediata ponga en conocimiento del pleno el informe que han elaborado sobre la grave crisis política en la Pitiusa menor.

Consideran "intolerable" que el presidente del Consell los haya comparado "con un pelotón de fusilamiento". Le piden que "no difame" y critican que de forma unilateral y arbitraria se haya negado a llevar a una sesión plenaria dicho informe.

La Comisión se reunió en sesión extraordinaria el pasado día 30 de octubre tras el revuelo generado tras conocerse que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente insular por un presunto delito de malversación de fondos públicos al utilizar a un funcionario público para defender sus intereses particulares. Denuncia que también se presentó en la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza.

En esa cita se aprobó un nuevo documento que se ha remitido a todos los grupos políticos y al presidente del Consell. Está firmado por el secretario de la Institución, Ángel Custodio Navarro. En el escrito reiteran que han actuado en cumplimiento de la función que el código ético y de buen gobierno le impone. Aseguran que han trabajado con estricto sometimiento a los principios de imparcialidad y neutralidad y prescindiendo de cualquier motivación de índole política y personal.

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Le recuerdan también a Córdoba que son el órgano del Consell al que se ha encomendado la función de velar por la difusión y el seguimiento del código ético. Por eso, destacan que prescindiendo de la calificación jurídica que merezcan las resoluciones dictadas por Córdoba para impedir la eficacia del informe de esta comisión, " no puede utilizar en ningún caso su posición institucional para obtener ventajas, ni puede invocar su condición de cargo público para obtener directa o indirectamente unas condiciones mejores que las del resto de la ciudadanía".