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Santa Eulària amplía la estancia en el Polideportivo de s'Olivera de las personas desalojadas en Can Rova

El gobierno local defiende el trabajo realizado por los técnicos municipales tras el desalojo

Imagen de las personas que fueron desalojadas esta semana del asentamiento / Cadena SER

Imagen de las personas que fueron desalojadas esta semana del asentamiento

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El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha decidido ampliar hasta el próximo viernes, día 9 de agosto, el periodo de estancia en el polideportivo del colegio de S’Olivera a las personas desalojadas esta semana del asentamiento ilegal de Can Rova que acudieron a los Servicios Sociales para conseguir un lugar en el que pernoctar. Desde el gobierno local destacan que el denominador común de estas personas es la falta de vivienda, pero que, en su gran mayoría, tiene ingresos regulares. Debido a estas características, ninguna de las atendidas ha sido catalogada como vulnerable.

Frente a las críticas recibidas por parte de la oposición municipal desde el gobierno de la Villa del Río dicen que se ven obligados a defender el operativo y el trabajo llevado a cabo por los técnicos municipales. De hecho, señalan que hasta el momento ninguna persona haya sido catalogada como vulnerable refuerza la dimensión del dispositivo, siendo conocedores de lo que están viviendo todas y cada una de las personas que se han visto desposeídas de la que hasta el miércoles era su vivienda, pese a tratarse de contratos ilegales llevados a cabo por uno de los propietarios de la finca en contra de la voluntad del resto.

Desde el Consistorio recalcan que es imposible saber si la totalidad de las personas del asentamiento ilegal estaban correctamente informadas de todo el apoyo que puede ofrecerle el Consistorio, pero sí que se entiende que, ante la dimensión del problema, las vías de comunicación que existen en la actualidad y el trabajo realizado por Bienestar Social, los residentes conocían el día de la intervención y las consecuencias que podía conllevar. Aseguran que los medios estuvieron preparados y listos para actuar en todo momento, "buen ejemplo de ello es que en menos de una hora se puso en marcha la instalación del polideportivo del colegio y que todas las personas que han acudido a Servicios Sociales han encontrado una mano tendida y ayuda para su difícil situación. La ayuda se ha prestado independientemente de su procedencia, situación legal y lugar de residencia".

Asumen que "estamos ante una situación dramática, común en la gran mayoría de nuestra Comunitat Auntònoma y cuya solución no es sencilla, pero que ya hemos comenzado a dar pasos para abordarla con el programa ‘Santa Eulària crea futur’, con líneas de ayudas e iniciativas para el desarrollo de Viviendas a Precio Limitado (VPL). Lo que sí resulta trágico es que, con la cantidad ingente de noticias que se han publicado sobre este desalojo, algunos menores de edad hayan tenido que vivir la cara más cruda del mismo. Algo que jamás debería haber ocurrido".

Apuntan que los Servicios Sociales estudian cada caso y se ayuda en función de sus necesidades, demandas y situación familiar y que el protocolo establecido para este desahucio no difiere de otros de otra naturaleza: todas las personas son atendidas con la misma dignidad y bajo los mismos criterios. El departamento se hace cargo desde entradas para la fianza de una vivienda, billetes de avión para retornar a lugares de origen donde es más sencillo encontrar una solución habitacional, lugares para el almacenaje y custodia de enseres personales, vales de comida o el pago de actividades extraescolares para los pequeños, entre otras ayudas, que son comunes al resto de casos que se atienden diariamente.

Por lo que respecta a la separación de núcleos familiares, también es el mismo procedimiento que se utiliza en olas de calor, olas de frío o cuando hubo la emergencia de la COVID-19: el principal y el único objetivo es la dignidad de las personas y, especialmente, la protección de los menores de edad.

Concluye que el resto de aspectos del desalojo de Can Rova se escapan de la competencia municipal y forman parte de las competencias de los Juzgados, Protección de Menores, Guardia Civil, Policía Nacional y la propiedad de la finca.

 
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