La Asociación de Chiringuitos de Formentera pide al Consell el desistimiento de la adjudicación de los quioscos de playa
Hablan de "infracciones no subsanables" en las reglas del procedimiento
Imagen de uno de los chiringuitos de Formentera / Cadena SER
Ibiza
La Asociación de Chiringuitos de Formentera pide al Consell de la Pitiusa menor el sobreseimiento del proceso de adjudicación de los quioscos de playa, "por infracciones no subsanables de las reglas del procedimiento de adjudicación" y añaden que el Consell debe salvaguardar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, así como el estricto respeto al procedimiento de licitación establecido".
Argumentan que "el largo tiempo transcurrido obliga al desistimiento parcial de la licitación, debido no solo a los cambios sufridos en los títulos concesionales otorgados por Costas, tanto en la duración de explotación, como en las características de la instalación para permitir su desmontaje cada temporada, sino también de la necesidad de que los proyectos se hayan redactado de forma que puedan obtener las correspondientes licencias de actividad".
Añaden la obligación de subrogar a los trabajadores y que no se tuvo en cuenta en la redacción de los pliegos, ni tampoco "se valoró la viabilidad de la oferta económica, que se ve totalmente cuestionada". Hablan de "falta de correlación entre la oferta técnica y la económica, que no puede resolverse en fase de ejecución del contrato y determina la obligación del desistimiento del procedimiento y la imposibilidad de adjudicar los contratos".
La Asociación arremete contra todos los grupos políticos de la isla. Dicen estar sorprendidos porque Gent per Formentera "hace dos años mostraba su apoyo y ahora se muestra partidario de la adjudicación". Sobre el equipo de Gobierno de Sa Unió van un paso más allá y aseguran que "se comprometieron a revisar y contestar las alegaciones y seguimos esperando, cuando el exvicepresidente José Alcaraz pidió un informe a una consultora que concluyó que no se puede adjudicar y ocultó el informe".
Afirman que paralizar el procedimiento no tendría por qué acarrear indemnizaciones económicas para las empresas licitadoras, porque "deberían haber presentado las ofertas de acuerdo a la ley" y advierten de que "si se adjudica con informes jurídicos negativos, tomaremos cuantas medidas legales sean necesarias para defender nuestros derechos".
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