Los constructores piden que se "reformule" la Comisión Balear de Medio Ambiente

Los constructores acuden al rescate del Govern que trabaja en un decreto de simplificación administrativa con el que quieren, entre otras, recortar el tiempo de espera para obtener licencias en materia medioambiental. Para los constructores, el organismo encargado, la Comisión de Medio Ambiente, debe reformularse para regirse por criterios técnicos y no subjetivos, como actualmente. Suavizan así la polémica de este fin de semana después de que el presidente de los Promotores inmobiliarios de Baleares hablara de la necesidad dé "quemar" la comisión balear de medio Ambiente en un acto del Partido Popular sin que nadie de la formación le rectificara y siguiera la ponencia como si nada.

Para los constructores de las islas, la comisión de Medio Ambiente es sinónimo de arbitrariedad y subjetividad y exige cambios urgentes en este organismo en línea con el anuncio del Govern de aprobar este trimestre un decreto de simplificación administrativa. Los constructores llevan años reclamando un cambio en el funcionamiento de la comisión para que sea más técnica. Y es que aseguran que el comité actual esta formado por funcionarios de distintas consellerias que deben tratar y votar temas sobre los que no son expertos y la parte económica no tiene voz ni voto, no puede estar en la comisión y no puede recurrir las decisiones. Sandra Verger, directora general habla así de reformular la comisión de Medio Ambiente y suaviza las palabras del director de los promotores que dijo directamente que había que quemarla.

Los constructores solicitan al Govern cambios urgentes en la Comisión de Medio Ambiente que permitan acabar con la arbitrariedad en su funcionamiento y se rija exclusivamente por criterios técnicos neutros, sin ninguna carga ideológica. Niega Verger que las críticas a la comisión se deba a que en ocasiones no se ajuste a sus intereses empresariales.

Por otra parte, los constructores piden eliminar duplicidades, advierten que hay muchos expedientes que podrían resolverse por parte de los técnicos municipales y reclaman un compromiso de la administración para resolver los expedientes en los plazos que establece la ley.