El Consell de Ibiza impone cinco sanciones por más de 100.000 euros a pisos turísticos ilegales
Una inquilina alquilaba ilegalmente habitaciones por 25 euros la noche
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/NGPAIWHWRRBK3HDP7XDC3CYRPU.jpg?auth=68bf10ed7e2069e4b36bc2dba7b512c97d76f43ebb487d1459d90d47810854b9&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
Imagen de archivo de inspecciones en pisos turísticos de Ibiza / Consell I
![Imagen de archivo de inspecciones en pisos turísticos de Ibiza](https://cadenaser.com/resizer/v2/NGPAIWHWRRBK3HDP7XDC3CYRPU.jpg?auth=68bf10ed7e2069e4b36bc2dba7b512c97d76f43ebb487d1459d90d47810854b9)
Ibiza
El Departamento de Lucha contra el Intrusismo ha resuelto interponer cinco sanciones de 20.000 euros (tres de ellas), 40.000 euros y 6.000 euros (cinco expedientes sancionadores en total), por la comercialización de viviendas turísticas ilegales en la isla de Ibiza, en Vila, Sant Josep y Jesús.
Estas cinco sanciones, según informan desde el Consell, que suman un total de 106.000 euros, se han tramitado después de que el servicio de inspección turística revisara estas viviendas, y constatara las infracciones en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de las viviendas sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.
En uno de los casos era la propia inquilina de la vivienda quien alquilaba habitaciones de la vivienda arrendada y que anunciaba a grupos de Facebook, donde ponía en alquiler habitaciones por 25 euros la noche. Fue la propia propietaria del piso quien denunció su inquilina, a quien se le ha puesto una multa de 6.000 euros por “actividad clandestina no permitida por la ley turística” puesto que se trata de alquiler turístico en una vivienda ubicada en edificio residencial en régimen de propiedad horizontal y, por tanto, no permitida por la normativa.
En los demás casos, añaden desde el Consell, una de las identificaciones ha sido posible gracias al protocolo con Airbnb que, con la colaboración de la Policía Nacional, ha permitido identificar al comercializador y avanzar en el expediente poniendo fin al anonimato para los infractores, y otra de las sanciones acoge ya la cuantía de sanción máxima en 40.000 euros prevista en la legislación ya modificada.