Detenido en Alicante un aparejador por la presunta corrupción urbanística en Sant Josep
Se ha registrado un despacho que tiene en el municipio alicantino de San Vicente de Raspeig
Imagen de archivo de un vehículo y una agente de la Guardia Civil / Cadena SER
Ibiza
Un aparejador de Alicante responsable de la oficina técnica la promoción residencial Vadella 64, construida en el municipio de Sant Josep, es el quinto detenido en el operativo de la Guardia Civil por presunta corrupción urbanística, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
En el operativo han sido arrestados también el alcalde de Sant Josep en funciones, Ángel Luis Guerrero, una abogada municipal, una letrada particular y un tercer abogado urbanista. Los cuatro detenidos en Ibiza prestan este miércoles ante la Guardia Civil repartidos entre los cuarteles de Can Sifre, en Eivissa, y de Ses Païsses, en Sant Antoni, en este último es donde se encuentra detenido desde la noche del martes el primer edil.
La quinta detención se produjo también el martes en Alicante, en paralelo a los registros y detenciones practicados en el Ayuntamiento de Sant Josep y en despachos de abogados de Ibiza. En concreto, se registró un despacho que el aparejador tiene en el municipio alicantino de San Vicente de Raspeig. Para el operativo desplegado en la isla de Ibiza se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Mallorca, de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
La detención del aparejador de Vadella 64 apunta al posible motivo del operativo de la Guardia Civil, ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 en un proceso que se encuentra bajo secreto de sumario.
El conjunto residencial Vadella 64, sobre el que se centraría la investigación, está formado por 64 estudios de uso comercial y 38 locales-taller, que con el paso del tiempo se han comercializado como apartamentos de lujo. El complejo forma parte del desarrollo urbanístico que dirigía el ya fallecido ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, y cuyo proyecto fue redactado por la empresa de la entonces nuera de Huerta, Pilar Fernández. La licencia de obras de Vadella 64 se otorgó en el año 2003, durante el gobierno del PP y, según consta en ella, la edificación debía estar ejecutada en diciembre de 2005, pero el plazo se incumplió.
La licencia se concedió a Urbanizadora Mediterránea S.A., que a su vez en abril de 2005 la transmitió a Cobblestone S.L., la actual promotora. Además de incumplirse el plazo, entre el año 2008 y el 2015 no hubo actividad, ya que en 2007 se ordenó la paralización de las obras y la apertura de un expediente de infracción urbanística por exceso de construcción.
En mayo de 2016, la junta de gobierno acordó iniciar los trámites para la declaración formal de la caducidad de la licencia de Cala Vedella, sin embargo, la promotora alegó “abuso de derecho” por parte de la administración municipal. Tras la denegación de las cédulas de habitabilidad en 2017 por parte del Consell de Ibiza, la administración insular denunció ante la Fiscalía, con el fin de evitar el fraude a terceras personas, la comercialización de los estudios de uso comercial como viviendas de lujo.
Ya en 2020, uno de los abogados ahora detenidos advirtió al consistorio de “blanquear un pelotazo urbanístico de pingües beneficios para el promotor”, según publicó en su día el Diario de Ibiza. Por otro lado, un particular presentó en febrero del mismo año una denuncia ante la Fiscalía de Ibiza para pedir medidas cautelares y que se investigase la difusión de publicidad presuntamente “engañosa y fraudulenta” para vender, como si fueran pisos, los estudios de uso comercial de la promoción Vadella 64.
