El Parlament valida el Decreto ley que contiene la construcción urbanística en Baleares con el voto en contra de la oposición
Entre otras cuestiones, prohíbe que los municipios delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable mientras quede vacante más de un 15 por ciento de superficie
Palma
El Parlament ha validado este martes el Decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística para la contención del crecimiento urbanístico con el voto en contra de la oposición. El decreto, entre otras cuestiones, prohíbe que los municipios delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable mientras quede vacante más de un 15 por ciento de superficie con esa consideración o una superficie sin desarrollar equivalente a la que se pretende habilitar. Además, se aprueba una modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental que permitirá al Govern declarar parques naturales de forma directa y sin un plan de Ordenación de Recursos Naturales previo.
El conseller de medio ambiente, Miquel Mir, ha asegurado que con este decreto se aumenta la protección del territorio, de las zonas rústicas que se han convertido en zonas residenciales extensivas en las que quienes viven allí han crecido un 41%. El modelo que propone el Ejecutivo, ha dicho Mir, pasa por la contención y rehabilitación frente a nuevos crecimientos que irán en contra de un crecimiento sostenible de Baleares.
Mir ha defendido un nuevo modelo territorial que apueste por la rehabilitación y renovación urbana, además del fomento de uso de aguas regeneradas, limitación del número de piscinas y protección de cientos de hectáreas con calificaciones como la de Área Natural de Especial Interés. Mir ha asegurado que es momento de tomar conciencia y avanzar frente a la emergencia climática.
A favor del decreto, los socios del Pacte, Podemos asegura que de dar solución a los "problemas de expansión y crecimiento urbanístico" y desde Més per Menorca, que insisten en que la riqueza está en conservar.
Estas medidas de contención del crecimiento urbanístico que han provocado un intenso debate en el Parlament con toda la oposición en contra.
El diputado del PP Sebastià Sagrera asegura que se trata de un 'decretazo' que va contra el interés general, empeora el problema de la vivienda y prevé que aumentará de precio, crece la inseguridad jurídica y empobrece a los pequeños propietarios. Reclama que se tramite como un proyecto de ley.
En la misma línea, desde Ciudadanos han criticado la, a su juicio, vulneración de competencias de consistorios y consells, y lamentan que el PSIB ceda a los chantajes de Podemos y Més y aseguran que el decreto "no soluciona los problemas más acuciantes de la ciudad".
