Ángel Guerrero: "Acaban 22 años de saqueo, expolio, clientelismo y caos urbanístico en Sant Josep"

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha dado el primer paso para enterrar definitivamente su planeamiento urbanístico aprobado en 1986. El pleno extraordinario del Consistorio ha aprobado, por una amplia mayoría, solicitar al Consell de Ibiza la suspensión de licencias y la aprobación de una norma territorial provisional que ha sido consensuada por las dos administraciones. Solo el voto en contra de Proposta per Eivissa y Vox y la abstención de Ara Eivissa. El objetivo es que para el verano de 2023 esta norma pueda estar en vigor.

El alcalde, Ángel Guerrero, dice que se pone punto final a una época "oscura" de 22 años de "urbanismo a la carta, para beneficiar a personas concretas, de expolio sistemático, de técnicos municipales corruptos".

En su carrusel de críticas destaca que han sido "22 años de saqueo, oscurantismo y clientelismo que generaron un caos absoluto". Asegura que se ha dejado al equipo de gobierno atado de pies y manos para obtener suelo para equipamientos y le abocaron a un sinfín de litigios. Algo que cree que a partir de ahora se empieza a corregir con esta norma provisional que "marca un antes y un después en materia urbanística porque se empezará a poner orden, al no permitir nuevos espacios que no estén delimitados". Aunque también reconoce que en algunos aspectos hubieran querido más de lo que se ha acabado consensuando. Todo dice el primer edil a la espera del nuevo Plan General en el que se está trabajando y que determinará "si el modelo actual es sostenible".

Falta autocrítica en el PSOE

El concejal del Partido Popular, Vicent Roig, ha señalado que los gobiernos progresistas también deberían hacer autocrítica porque han gobernado 12 años el municipio "y han fracasado a la hora de cambiar el modelo urbanístico y ahora se tiene que recurrir a una herramienta provisional en lugar de una norma permanente para dar seguridad jurídica". Roig dice que la lealtad institucional es lo que debe prevalecer, afirma que el gobierno local ha pecado de "falta de ambición" en este texto y confía en que no se vea modificado durante su aprobación.

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El portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, dice que estas normas resuelven solo una parte del problema territorial. Avisa de que el Plan General ha pasado de ser una necesidad a convertirse en una utopía porque este planeamiento provisional se puede eternizar. Becerra dice que el primer edil "tampoco está para dar lecciones, no lo ha hecho todo bien en urbanismo y esperaba algo más de autocrítica".

Más urbanizables

El concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, también echa en falta más desclasificaciones de urbanizables y avisa de que solo en Cala Tarida hay suelo que podría llegar a desarrollarse para construir viviendas para 1.000 habitantes más. También rechaza que el suelo que se obtiene en Can Burgos sea para el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

Votos en contra

En el bando del no, La concejala de Vox, Pino Vidal, dice que se renuncia a las pocas zonas verdes que se tenían, critica que se haya ignorado a las fuerzas pequeñas y ha arremetido contra Unidas Podemos, que no intervenía en el debate al formar parte del equipo de gobierno. Ha recordado que defendían un crecimiento cero y dice que "no creen en la propiedad privada, porque lo suyo son las okupaciones." El teniente de alcalde, Pere Ribas, ha intervenido al final por alusiones para instarle a no repetir estas palabras y ha recalcado que “no ofende quien quiere, sino quien puede”.

Crítico también el concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, que habla de una “marrullería” de 4 partidos para aprobar esta norma provisional. Afirma que este no es el instrumento urbanístico adecuado y estará en vigor doce años.

Frente a las peticiones de algunos partidos, el alcalde ha zanjado el debate que esta no es la herramienta para desclasificar suelos o abordar otros parámetros, ya que esto se determinará en el nuevo Plan General.