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Uno de cada cuatro contratos revisados por el Plan de Lucha contra la precariedad escondía jornadas más largas

El fraude en la jornada laboral y en los registros horarios sigue extendido. El 20% de las propuestas de sanción de la campaña han sido por este motivo

Presentación del balance del Plan de Lucha contra la precariedad laboral

Presentación del balance del Plan de Lucha contra la precariedad laboral

Palma

Uno de cada cuatro contratos revisados en el Plan de Lucha contra la Precariedad este verano escondía jornadas más largas. El 22% de los 1.515 contratos que examinó la inspección de trabajo estaba firmado por jornadas más cortas de las que realizaban los trabajadores. Son diez puntos más de los registrados en años anteriores. Son datos ofrecidos este jueves por la Conselleria de Trabajo que ha contado con el desplazamiento de 30 inspectores a las islas en los meses de julio y agosto.

En datos generales, la campaña ha provocado la inspección de 1.214 empresas por sospechas de contratos parciales que escondían jornadas completas. A raíz de estas visitas se han transformado 340 contratos parciales a una mayor duración. Con respecto a la temporalidad, la implantación de la reforma laboral ha cambiado el mercado de trabajo fomentando la contratación indefinida. A pesar de ello, se han realizado 1.214 actuaciones encaminadas a examinar contratos temporales, que han derivado en la transformación directa de casi 400 contratos en indefinidos.

El fraude en la jornada laboral y en los registros horarios sigue extendido. El 20% de las propuestas de sanción de la campaña han sido por este motivo. Desde el año 2019 todas las empresas tienen la obligación de realizar un control horario de sus trabajadores, con el objetivo de evitar el fraude en las horas extras. El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, subraya que los resultados del verano muestran la necesidad de seguir incidiendo en la vigilancia porque se han realizado 448 visitas a empresas que se han resuelto con 124 propuestas de sanción. El importe de las posibles multas asciende a 113.000 euros, un 20% del total de las propuestas de la campaña de este año.

Negueruela reconoce el esfuerzo que hacen otras provincias renunciando a los inspectores de trabajo durante dos meses para que puedan venir a Baleares. Sin embargo, cree que la solución pasa por reforzar la plantilla estructural de la Inspección de Trabajo en Baleares. La campaña ha permitido tramitar 93 altas de afiliación de personas que trabajaban en la economía sumergida. Más de 4.000 personas han visto mejoradas sus condiciones de trabajo estos meses.

 
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